En última instancia, la recomendación que hicieron los abogados de Pemex por cuestiones de tiempo y costo fue buscar un testigo protegido que declarara en contra de Siemens y SK en Estados Unidos.

 El 16 de noviembre de 2012, Mark Maney y Miguel Ángel González Félix le enviaron un memorándum confidencial a Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico de Petróleos Mexicanos, en el que le dictaban los pasos a seguir para reducir sustancialmente los 500 millones de dólares que la paraestatal le debe a Conproca.

 

Sugirió desempolvar una vieja investigación de la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en contra de la alemana Siemens.

 

Y tratar de negociar un acuerdo de inmediato con las empresas, para evitar la pérdida de 90 mil dólares diarios.

 

También recomendó que Pemex buscara que al menos su testigo principal se declarara como testigo protegido.

 

“Aunque los pagos descritos en nuestro informe no están previstos directamente bajo alguna disposición de la ley mexicana que autorice a la protección de un testigo de corrupción -tal delito no es crimen organizado- la conducta de Siemens y Conproca también constituyó lavado de dinero, lo cual es un delito de crimen organizado. El informe narra la historia confesa de Siemens sobre la corrupción institucionalizada, incluyendo numerosos mecanismos para ocultar la transferencia de sobornos ilícitos. Siemens judicialmente confesó esta conducta. Los esfuerzos para ocultar los pagos, constituir el lavado de dinero, es un precedente para la protección de los testigos”, dicen los abogados.

 

La ofensiva que lanzó Petróleos Mexicanos en contra de Siemens y Conproca en diciembre de 2012 fue diseñada por la firma de abogados Maney & González-Félix, con sede en Houston, a cambio de 22.5% de lo que llegue a recuperar la paraestatal en su pleito.

 

DE FONDO

 

Conproca, una empresa cuyo 85% pertenece a la coreana SK y el resto a la alemana Siemens, exigió el pago de alrededor de 500 millones de dólares a Pemex, después de que la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, determinara en abril del año pasado que la mexicana le quedó a deber dinero.

 

Esa fue su resolución, tras una queja que fueron a presentar en 2001, después de que no terminaron en buenos términos el contrato que firmaron en 1997 para modernizar la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, un contrato que estuvo valuado en mil 618 millones de dólares.

 

La disputa legal con Pemex iniciada en 2001 ante la Corte Internacional es un proceso administrativo para dirimir cuentas por cobrar relacionadas con costos adicionales en los que Conproca incurrió por trabajos adicionales solicitados, cambios en las especificaciones, así como actos y omisiones de Pemex, por lo que solicitó el rembolso a la paraestatal.

 

El 23 diciembre de 2011, el panel arbitral al que se sometieron de manera voluntaria ambas partes, y tras un proceso de 10 años, emitió un laudo arbitral que obliga a Pemex a pagar a Conproca 282 millones de dólares (más intereses).

 

“En diciembre de 2012, 11 años después de iniciado el juicio y 12 meses después de otorgado el fallo por parte de la CCI, Pemex  inició nuevas acciones legales para evitar el pago de dichas compensaciones”, explicó Conproca.

 

EL CONSEJO

 

En 16 noviembre de 2012, Mark Maney y Miguel Ángel González-Félix informaron a Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico de Pemex, que llegaron a la conclusión de que la evidencia descubierta hasta ese momento proporcionaba apoyo suficiente para hacer la impugnación del laudo arbitral que daba la razón a Siemens y SK.

 

“Si tiene éxito, esta impugnación anula el laudo arbitral”, dice la firma de abogados.

 

“Llegamos a la conclusión de que, sin una mayor investigación, la evidencia descubierta hasta la fecha proporciona apoyo suficiente para hacer tal impugnación que supondría una fuerte presión sobre Siemens y Conproca para llegar a un acuerdo sobre el laudo con Conproca y las reclamaciones relacionadas con la corrupción”.

 

Basan esa conclusión en dos cosas:

 

“El testimonio de los testigos no es un rumor bajo la ley de Estados Unidos y la SEC presentó una denuncia por los mismos hechos básicos”.

 

Los abogados descartaron que Pemex pudiera dividir las negociaciones sobre el laudo arbitral con Conproca de las acusaciones de corrupción.

 

“Nuestra respuesta breve es no, no hay forma práctica de hacer la división, porque la corrupción descubierta se relaciona directamente con la disputa con Conproca. Como lo explicamos en nuestra propuesta del 25 de junio de 2012, esta división habría sido posible si la corrupción implicara proyectos sin relación con Conproca de Siemens con Pemex, pero incluso si esto ocurriera, no recomendamos dividir la fuerza de los argumentos de Pemex”.

 

Como medida provisional, recomendaron que Pemex inmediatamente negociara con Siemens.

 

“Para reducir las presiones sobre Pemex, se recomienda que Pemex intente negociar un acuerdo para suspender el término de la prescripción con Siemens y Conproca que contenga, como sea posible, tantas de las disposiciones siguientes:

 

“Las partes acuerdan suspender el procedimiento legal pendiente en Estados Unidos y en México”

 

“Las partes acuerdan que Pemex puede retirar (al menos temporalmente) su fianza, a fin de salvar a Pemex aproximadamente 90 mil dólares por día”.

 

“La partes se comprometen a trabajar hacia una solución integral de los problemas de corrupción que involucran a Siemens y sus empresas conjuntas, entre ellas Conproca”.

 

“En apoyo de la investigación de Pemex, Siemens se compromete a no oponerse a la liberación por el gobierno de EU de los documentos pendientes en su poder (existen antecedentes de que la SEC y Siemens celebraron un convenio de confidencialidad cesando las acciones legales, pero dejando a salvo los derechos de los países mencionados en la demanda indicada, dentro de los cuales se encuentra México); y

 

“Las partes tratarán de hacerlo en un plazo determinado de tiempo”.

 

Si Siemens rechazaba la propuesta, había dos caminos:

 

“Presentar recursos legales en el litigio en México y Estados Unidos, alegando que Conproca corrompió a los procedimientos de arbitraje y, por tanto, que el laudo arbitral es nulo, o

 

“Negociar un acuerdo final con Siemens y Conproca en el poco tiempo que queda”.

 

SOLUCIONES PARA PEMEX

 

Los abogados estadunidenses enfatizan en su memorándum que Pemex debe tomar en cuenta la importancia de un amplio finiquito para Siemens.

 

“En nuestra opinión, el abogado de Siemens utilizó dos veces un ejemplo de Siemens aceptando 250 millones de dólares para resolver el arbitraje de Conproca, si también recibiera un finiquito de la corrupción general”, recuerda el texto.

 

“Nuestra opinión en este punto se ve reforzado por el hecho de que el abogado de Siemens reconoció que eran conscientes de que esta empresa está demandada por Irak por reclamos por corrupción contra Siemens en la Corte Federal de Nueva York. Por lo tanto, Siemens sabe que somos serios acerca de iniciar las acusaciones de corrupción si es necesario”.

 

“Hacemos notar que nuestros testigos son extremadamente sólidos”.

 

Por si fuera poco, ponen otro objetivo:

 

“Es importante que la evidencia descubierta hasta el momento indique que los sobornos fueron pagados para corromper al ex abogado general de Pemex, que es la persona y la oficina que se supone debe proteger los intereses de Pemex. Si se prueban los hechos se abriría una serie de posibles soluciones para Pemex, particularmente en relación con el laudo arbitral Conproca”.

 

El acuerdo nunca llegó y las acusaciones salieron por doquier. El 14 de diciembre de 2012, Pemex demandó a Siemens y a SK en Nueva York, por supuestamente obtener contratos con la paraestatal a través de sobornos. Quiere 500 millones de dólares de indemnización.

 

En su última oportunidad para presentar pruebas, Pemex acusó a César Nava Vázquez de haber impedido el cobro de 102.8 millones de dólares como compensación por las violaciones al contrato de Conproca.

 

El ex abogado general de Pemex y Jaime Camil, el empresario al que se señala como mediador entre autoridades y Siemens para obtener contratos, podrían ser citados por las autoridades estadunidenses.

 

Este jueves 23 de mayo, la Corte de Nueva York determinará si el caso puede avanzar a fase judicial, en la que es posible presentar documentos, declaraciones de ambas partes, testigos potenciales e interrogatorios por escrito.