Washington.- El Departamento de Estado comunicó ayer al Congreso que aún trabaja en la implementación de la nueva estrategia del gobierno mexicano para centralizar la cooperación estadunidense antinarcóticos, a través de la Secretaría de Gobernación.
Al comparecer ante la subcomisión para el Hemisferio Occidental de la cámara baja, el subsecretario de Estado para el Combate al Narcotráfico Internacional, William R. Brownfield, señaló que no tiene objeción sobre la nueva estrategia, pero aclaró que “trabajamos ahora sobre cómo implementar eso en un programa multimillonario con docenas de organismos gubernamentales. Aún estamos trabajando sobre eso y espero poder tener una respuesta más concreta cuando comparezca de nuevo” ante este comité.
Antes de que el presidente Barack Obama visitara México, a comienzos de mes, las autoridades mexicanas anunciaron su preferencia de centralizar la cooperación a través de la Secretaría de Gobernación para maximizar la coordinación interministerial.
Brownfield explicó que EU ha entregado mil 200 de los mil 900 millones de dólares comprometidos en 2008 a los esfuerzos antinarcóticos en México, a través de la Iniciativa Mérida.
El funcionario calificó de “predecible y sistemática” la reducción gradual de fondos asignados en años recientes a la Iniciativa Mérida y lo atribuyó a los logros obtenidos por la iniciativa.
Mérida recibió 248 millones de dólares durante el año fiscal 2012, 199 millones en 2013 y para 2014 fueron solicitados 148 millones, señaló Brownfield, al precisar que los fondos correspondientes a 2013 aún no han sido desembolsados.
Además, agregó, hay otros 95 millones de dólares correspondientes a Mérida retenidos “por temas relacionados a la naturaleza del plan y la estrategia en el futuro”.
Entre otros cambios a la estrategia de seguridad propuestos por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se incluye una Comisión para la Prevención del Delito, revisar la figura del arraigo y la creación de un Programa Nacional de Derechos Humanos.
Brownfield señaló que la cooperación estadounidense ha permitido hasta el momento el entrenamiento de 8 mil 500 funcionarios federales del Poder Judicial, 19 mil policías federales y estatales (de los cuales 4 mil son investigadores federales), el reforzamiento en la custodia de 14 centros penitenciarios federales con capacidad para 20 mil reclusos y la incautación de bienes ilícitos valorados en casi 3.000 millones de dólares.
Peña Nieto buscó una modificación en la estrategia de seguridad que reemplazara a la ejecutada por su antecesor Felipe Calderón, cuya gestión dejó al menos 75 mil muertes relacionadas al combate al crimen organizado.