Estos seis meses de gobierno han sido suficientes para demostrar que Enrique Peña Nieto es sustantivamente mejor presidente que sus dos antecesores. De pronto, en el país vuelve a sentirse un rumbo. En las acciones de gobierno hay señales de que el Presidente quiere construir el futuro con la participación de los otros partidos, que respeta al Congreso y que asume que vivimos en una democracia. Hasta allí todo bien.
El problema del gobierno de Peña está en que sólo ven a la democracia como un mal necesario y no como un gran conjunto de instituciones y prácticas. Los problemas que han surgido en el ejercicio del poder se dan justamente porque si bien el PRI ahora gobierna una democracia, no son demócratas y están lejos de serlo.
Uno de los primeros actos en los que tuvo que recular el presidente Peña fue el planteamiento de convertir al Instituto Nacional de las Mujeres en una oficina más de la Secretaría de Desarrollo Social. Al final le mantuvo la autonomía, pero impulsando como su titular a una persona más leal que comprometida con la agenda; la prueba está que cuando el nieto del procurador general Jesús Murillo Karam golpea a la hija de Eugenio Ímaz, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Lorena Cruz Sánchez, mejor se queda calladita.
El presidente logró, recién asumido en el cargo, un gran acuerdo nacional, el Pacto por México. Lo primero que puso en riesgo a este pacto fue el chip antidemocrático de su partido, cuyos dirigentes y funcionarios en Veracruz asumieron que los recursos federales son para la operación política (este chip es, sin embargo, compartido con los demás partidos).
Hace unos días, el procurador Federal del Consumidor se ufanaba de que no iba a renunciar porque ya había regañado a su hija y destituido a los funcionarios involucrados en la prepotencia de clausurar a capricho un establecimiento. El Presidente destituyó a Humberto Benítez Treviño por presiones sociales, pero la renuncia debió haber ocurrido de inmediato si creyeran en la democracia (Claro, donde quiera se cuecen habas, Rubén Escamilla sigue siendo diputado por el PRD y Juan Molinar Horcasitas fue defendido hasta el cansancio por el PAN)
Otro caso más. El Presidente tarda cinco meses en nombrar al titular del Instituto Mexicano de la Juventud y justo nombra a José Manuel Romero, un restaurantero acusado de porro. Poco cambió desde la anterior era priista, en que las políticas de juventud se llevaban en la Comisión Nacional del Deporte (nótese que hasta hace poco había cierta coincidencia entre la nómina del IMJUVE y los órganos de gobierno del PAN-DF).
No es menor el hecho de que ahora se denuncie que el ataque del nieto del procurador General de la República a la hija del titular del CISEN termine en una conciliación que las leyes General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prohíben expresamente.
Es interesante que el director del CISEN anteponga los intereses nacionales a un problema familiar que afecta a su hija. El problema es que sea de interés nacional que un niño baboso no pise la cárcel, tal y como mandan las leyes, que protegen de oficio a la mujer agredida. Yo no culparía a Murillo Karam de lo que hizo su nieto, ni lo culparía de haber pedido a Eugenio Ímaz que convenciera a su hija de no denunciar; tampoco cuestionaría que el encargado de la Seguridad Nacional dé la espalda a su hija, por los intereses nacionales.
Lo que sí cuestiono es que Eugenio Ímaz siga de director del CISEN, porque si el señor considera que dejar impune al nieto del procurador es un tema de interés nacional (o por qué convencer a la hija), seguramente le parecerá natural considerar como de interés nacional cualquier otra práctica aberrante con la democracia, como las que había antaño.