El año pasado en la Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena, la OEA recibió el mandato para producir un documento que abordara de manera integral la problemática de las drogas en América Latina; este documento, cuyo título es”Informe sobre el problema de las drogas en las Américas” fue presentado la semana pasada en Washington DC.

 

El documento está basado en cuatro premisas: 1) La violencia relacionada a las drogas es uno de los retos más importantes al cual se enfrentan los gobiernos de la región, 2) La estrategia actual no está funcionando, 3) Se necesita discutir e implementar nuevas alternativas, y 4) El consumo de drogas seguirá siendo importante en el año 2025. Estas premisas podrían parecer un tanto obvias, pero cuando se trata de política de drogas, afirmar lo obvio no ha sido la norma para aquellos que creen en el estatus quo.

 

Al día de hoy, el consumo de estupefacientes ilegales sigue con una tendencia estable y a la alza creando un mercado más grande y robusto. En términos de violencia tenemos que en México han muerto más de 100 mil personas, hay 60 mil desaparecidos, cerca de 20 mil desplazados y EU es el país que más gente tiene en el mundo detrás de las rejas por delitos relacionados al consumo y venta de drogas.

 

El informe de la OEA evita hacer recomendaciones, dada la falta de consenso entre sus autores acerca de la dirección en la que debería dirigirse la política de drogas durante los próximos 12 años. En cambio, el documento presenta cuatro distintas interpretaciones del “problema de la droga” y muestra los escenarios de cómo debería ser la reacción a éstas.

 

El primer escenario se llama “Juntos.” Donde describe que el problema no son las leyes para enfrentar las drogas, sino las débiles instituciones de los países latinoamericanos. Es cierto que los países latinoamericanos sufrimos de instituciones débiles. El problema con este escenario es que la prohibición de las drogas de hecho exacerba dicho flagelo, ya que aumenta los márgenes de utilidad de los cárteles al aumentar el riesgo a la actividad del trasiego. En 2010, todos los países centroamericanos en conjunto gastaron cerca de cuatro mil millones de dólares en sus aparatos de seguridad y justicia (un incremento del 60% en cinco años). Y aun así, eso estuvo muy por debajo de los ingresos estimados de los cárteles mexicanos que, de acuerdo con los reportes del Departamento de Justicia de los EU, podrían llegar a ser de hasta 45 mil millones de dólares al año.

 

A su vez la disparidad y falta de coordinación ha creado válvulas de escape al crimen organizado. Por ejemplo, a principios de los noventa, conforme la presión sobre los productores de coca aumentó en Perú, éstos se trasladaron a Colombia. Actualmente, luego de una década de programas de erradicación en ese país, están regresando a Perú. Hoy, la región andina produce 50 por ciento más de cocaína que hace 20 años.

 

El segundo escenario lo denominan “Caminos”; aquí se establece que el problema no son las drogas sino su prohibición. Se presagia un creciente número de presidentes en la región haciendo un llamado a adoptar un mercado legal para ciertas drogas, empezando con la marihuana. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ya hizo un llamado por la legalización de las drogas. Uruguay está considerando una ley que legalizaría la cannabis. Pero sólo los estados de Colorado y Washington han legalizado el consumo recreacional de la marihuana.

 

Sin embargo, pensar que con la legalización se resuelve el problema de la ilegalidad y la violencia es una falacia. Ya lo hemos expresado aquí muchas veces, el mayor consumo de drogas ilegales está entre los menores de edad y los adictos; mientras no articulemos una estrategia integral de prevención y no existan tratamientos efectivos para las adicciones, el legalizar las drogas o no seguirá siendo un problema de salud pública con consecuencias sociales.

 

La tercera sección llamada “Resiliencia”, describe los argumentos para no legalizar la droga, ya que reconoce que el problema de la droga en gran parte de América Latina no es el abuso de las drogas sino el narcotráfico. Construir bibliotecas o canchas de básquet en zonas pobres no evitará que los jóvenes se unan a las pandillas ni que se involucren en la venta de drogas cuando los ingresos que derivan de estas actividades exceden con creces aquellos que podrían obtener en actividades legales. Sin embargo, sí les ofrece una opción que hoy no tienen, y sí refuerza los conceptos de ciudadanía y comunidad.

 

Hay que felicitar a la OEA por este informe. Contribuye a la causa de tener un debate abierto y honesto sobre política de drogas y es ahí donde debemos empezar.