La falta de coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales y la poca protección a comunidades rurales, por parte de fuerzas de seguridad, ha propiciado el surgimiento de grupos armados civiles, principalmente en Michoacán y Guerrero, mismos que han creado una tercera fuerza que lucha contra el narcotráfico.
El informe Justicia en el cañón de un arma: las milicias civiles en México, de International Crisis Group, advierte que estos grupos de autodefensa desafían al gobierno federal en el uso de la fuerza y la impartición de justicia, y que algunos de ellos, incluso, están vinculados con grupos del crimen organizado.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto necesita implementar una política para legitimar a la policía comunitaria, particularmente en las comunidades indígenas, para así detener la expansión de grupos armados irregulares y demostrar que el Estado tiene la capacidad de restaurar la ley”, recomienda el informe.
La aparición de grupos en al menos 9 de 31 estados, advierte International Crisis Group, añadió otro nivel de complejidad al desafío de la seguridad en el país. El epicentro de este problema se centra en Guerrero y Michoacán, donde miles de personas participan en diversos grupos de organizaciones parapoliciales.
Desde enero de 2013 se han presentado más de 30 asesinatos en estos estados de miembros de estos grupos, lo que provoca que se conviertan en focos de inseguridad.
Estos asesinatos son sólo una parte de los más de 5 mil registrados a consecuencia del crimen organizado en los que va de la nueva administración; además, la preocupación es que este fenómeno se extienda a otros estados y provoque que zonas del país queden fuera del control de la ley.
La violencia ha coincidido con las protestas contra las reformas del Gobierno en estos estados, que incluyen bloqueos en carreteras y saqueos de camiones, por lo que el gobierno lanzó una ofensiva de seguridad en Michoacán, que ha debilitado la presencia de las milicias en ese lugar, aunque varios grupos siguen en activo y persisten los problemas de inseguridad.
El origen de las autodefensas
En 2011, en el poblado de Cherán, Michoacán, indígenas purépechas con máscaras y sin uniformes tomaron las armas y establecieron puntos de control y barricadas en contra de los grupos armados y los talamontes, presuntamente vinculados a Los Caballeros Templarios. Este caso es de los primeros clasificados como autodefensas.
La cuestión sobre los grupos de vigilantes radica en la medida en que los ciudadanos pueden portar armas, hacer arrestos o impartir justicia cuando sienten que el estado ha fallado en protegerlos.
Por su parte, observadores alertan que debe de haber una distinción entre la policía comunitaria tradicional y la nueva ola de milicias, aunque esto es complicado ya que ambos pueden llegar a utilizar el mismo lenguaje.
La policía comunitaria tradicional surge a raíz de la marginación y las injusticias históricas en contra de los indígenas; realizan tareas de vigilancia en el barrio, mientas que los nuevos escuadrones de autodefensa utilizan armas de fuego, juzgan y encarcelan a quienes consideran sospechosos.
El gobierno mexicano ha respondido a la expansión de los grupos de autodefensa con una mezcla de declaraciones, reuniones, operaciones militares y que hace parecer que se carece de una estrategia central.
Existen indicios de que estos grupos pueden ser contenidos, ya que muchas policías comunitarias no quieren ser asociadas con grupos más violentos, como los cárteles y pueden ser reguladas voluntariamente.
Anticipan hoteleros más cierres y despidos
El gremio hotelero de Michoacán anticipó de más cierres y despidos, debido a una desaceleración de la economía estatal, una percepción magnificada de inseguridad, así como el incremento de la informalidad en el sector.
“Los hoteleros organizados de Michoacán estamos afectados por la situación actual de la entidad, que hemos visto caer drásticamente nuestra actividad productiva, pasando de una ocupación hotelera del 51.03 % que teníamos en 2005, a niveles del 39.62% en 2012”, Armando de la Cruz Uribe, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.
Dijo que el porcentaje de ocupación hotelera acumulado en lo que va de 2013 se encuentra por debajo del promedio del año pasado, incluso algunas regiones del estado durante abril reportaron ocupaciones menores al 20% y en el presente mes hay establecimientos que registran ocupaciones inferiores a las de mayo de 2009, cuando fue la drástica caída por motivo de la influenza.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que anualmente cuatro de cada 10 empresas del país ha sufrido de un delito.
“Sin seguridad no hay prosperidad posible, además 37% de las empresas sufre anualmente al menos un delito y la violencia le cuesta a México casi 80 mil millones de pesos”, manifestó Juan Pablo Castañón, presidente del organismo empresarial.
Agregó que en algunos municipios la violencia ha obligado a cerrar más temprano los negocios, cambiar nuestras rutinas e invertir más en seguridad.