Los procuradores del país discuten, desde ayer, un plan homologado para la búsqueda de personas desaparecidas en el país, que permita eliminar el plazo de 72 horas de que la persona no es ubicada para que se pueda iniciar una averiguación previa.
Durante la discusión, en el marco de la XXIX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, reconoció la urgencia de agilizar y eficientar los mecanismos para la búsqueda de personas en el país.
“El programa nacional que proponemos incluye un protocolo homologado y esto implica que el protocolo arranque desde la perdida de contacto con una persona hasta su localización posterior viva o si falleció, con lo EU se eliminan las 72 horas de espera y demás cosas y se homóloga con la supervisión de la Cruz Roja Internacional”, apuntó.
Se prevé que hoy, cuando se den a conocer los acuerdos alcanzados por los procuradores en la sesión de la Conferencia Nacional, se anuncie la puesta en marcha de este mecanismo.
Respecto a las críticas contra la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam insistió en que apenas se trata de la fase de arranque de la misma.
“La idea de que eran doce agentes en la unidad nada más es un error; son los doce primeros asignados y se irán asignando caso por caso. No es un asunto que pueda plantearse diciendo que voy a asignar mil ministerios públicos o dos mil policías, no, ese asunto tiene que verse caso por caso”, sostuvo.
URGEN REESTRUCTURA DE PROCURADURÍAS
Al inaugurar la Conferencia Nacional de Procuradores, el presidente Enrique Peña Nieto urgió a la PGR y a las procuradurías del país a agilizar su reestructuración, pues dijo que es fundamental para asegurar una mayor capacidad para la investigación de los delitos y la aplicación de la ley.
“Esto demanda una reestructuración a fondo en todas las procuradurías de justicia para contar con los elementos de personal, de capital humano, de uso de tecnologías que están hoy a nuestro alcance para que realmente se pueda cumplir con este objetivo”, sostuvo.
Recordó que otro de los retos que esperan cumplirse este mismo año es la implementación de un código procesal único y de una ley general penal, que permitan modernizar el aparato de justicia del país.
Por su parte, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, coincidió con el presidente en la importancia de modernizar el sistema penal, situación que requiere además la cooperación de los distintos niveles de gobierno.
“La existencia de estos espacios permite eficientar la procuración de justicia. la Ciudad de México ha tenido como sello distintivo una política incluyente en donde se participa con todos y reconoce el apoyo del gobierno federal. La seguridad será una agenda permanente de la ciudad”.