Angustiosos días, semanas y meses ha vivido Beatriz entre las paredes de un hospital de la capital de El Salvador, viendo con ansiedad su vientre crecer como prueba del inexorable paso del tiempo y de la dilatación de los plazos para ver acabado el embarazo que la coloca en el filo de la vida y al feto que en otras circunstancias hubiera sido portador de buenos deseos, significa tiempos de dolor e incertidumbre para Beatriz.
Desde marzo los médicos que atienden a la joven de 22 años pidieron a las autoridades judiciales salvadoreñas la aprobación para realizar un aborto ya que Beatriz tiene una fuerte probabilidad de muerte materna, debido a que padece de problemas de lupus y renales aunado a que el embrión que ahora tiene 26 semanas tiene anencefalia, un defecto de nacimiento en el que partes del cerebro y el cráneo no se han desarrollado adecuadamente, y por lo tanto el feto tiene mínima posibilidad de sobrevivir después del parto.
Pese a estas graves condiciones y tener un hijo de 14 meses de edad por el cual Beatriz quiere vivir, el pasado miércoles le fue negado a la joven un aborto por el Tribunal Supremo de El Salvador. En su fallo, los jueces dijeron: “Este tribunal determina que los derechos de la madre no puede ser privilegiada sobre los del feto o viceversa, y hay una absoluta prohibición para autorizar un aborto por ser contraria a la protección constitucional concedida a las personas desde el momento de la concepción”.
Leyes tan restrictivas en cuanto al tema del aborto en la nación centroamericana no habían sido tan duras como desde 1998 cuando el entonces partido gobernante ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) aprobó un Código Penal que prohíbe todos tipo de abortos, después de que por dos décadas existiera la posibilidad del aborto terapéutico, que es un aborto inducido por razones médicas cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre, así como en casos de violación o si el feto tiene una enfermedad congénita grave, como en el caso de Beatriz.
Es increíble que bajo el gobierno militar de tono autoritario y conservador de Arturo Armando Molina en 1973 existiera mayor empatía con las mujeres al permitir el aborto terapéutico y que hoy en día bajo el gobierno de izquierda de Mauricio Funes, continúen alrededor de 628 mujeres salvadoreñas encarceladas, por tener un aborto, desde que la draconiana ley de ARENA fue promulgada.
Si Beatriz muere la Corte Suprema tendrá sangre en sus manos. Lo mismo ocurrirá con el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, quien se negó a intervenir en el caso, diciendo “no vamos a tratar de tomar ventaja de este caso mediante la explotación con fines electorales. Hemos subrayado cuidadosamente nuestra posición: Beatriz es la única que tiene el derecho de tomar una decisión acerca de su vida y de su hijo, no las organizaciones que desean hacer uso de este caso para promover sus propias agendas”.
La retórica vacía y manipuladora del presidente Funes, quien pese a saber que Beatriz no tiene ese derecho de decisión, del que él habla, por las restrictivas leyes sobre aborto en su país, es chocante y lamentable pues no sólo falla en la protección de los derechos más fundamentales de sus ciudadan@s, como Beatriz, que es el derecho a que se garantice su vida por encima de un feto que no es ciudadano, sino que también muestra lo incoherente que es con las directrices de su partido de izquierda el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) que apoya la despenalización del aborto.
La acusación de explotación política de Funes es irritante e hipócrita, dado que la política influye claramente en su posición sobre el aborto. Cuando era candidato a la presidencia en 2009 apoyó la despenalización del aborto en la Ciudad de México y sugirió que El Salvador revisara sus propias leyes sobre el aborto. Pero después que la Iglesia exigió que todos los candidatos presidenciales expresaran su posición sobre el aborto, hizo un giro y se manifestó en contra de la despenalización.
Hasta el momento el presidente de El Salvador ha hecho poco o nada para ayudar a Beatriz a pesar de que ella expeditamente se dirigió a él: “Pido al presidente, a Mauricio Funes, a que me ayude para que la sala acepte a interrumpir el embarazo”.
La última vía que se ha abierto en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador fue el jueves 30 de mayo, al permitir llevar a cabo una cesárea, pues según palabras de la ministro de Salud María Rodríguez la cesárea era una intervención aceptable para salvar a la joven mujer al decir: “Es muy claro en este momento que la intervención en un embarazo no es un aborto, es un parto inducido, que es otra cosa”.
De nuevo Beatriz está en espera, ahora de una cesárea, de la cual el Departamento de Salud no ha dado fecha de realización. Las horas, días y semanas pasan en plena ambigüedad evidenciando que los cuerpos femeninos no sólo son botines de guerra en los conflictos armados sino también botines políticos en los que se dejan marcas, como es la cicatriz de la cesárea que se le practicará a Beatriz.
Es lamentable seguir asistiendo a casos tan desgarradores como el de Beatriz donde la restricción al aborto se basa en valores patriarcales tradicionales perpetuados por las leyes, los gobiernos, los sistemas judiciales y las religiones que tienen como objetivo controlar la función reproductiva y la sexualidad de las mujeres, negándoles su calidad de ciudadanas.
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