La estrategia del gobierno federal contra el cambio climático plantea ajustar las tarifas de uso doméstico de agua y electricidad a “precios reales de mercado”, redirigir los subsidios de los combustibles fósiles, como la gasolina, para fortalecer el transporte público sustentable e impulsar mercados voluntarios de carbono.
Estas acciones se plantean en la Estrategia Nacional de Cambio Climático como instrumentos para financiar las acciones que se plantean en la Ley General de Cambio Climático, que entró en vigor el año pasado.
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación este lunes reconoce que el desarrollo de políticas fiscales e instrumentos económicos con un enfoque climático impulsará la promoción de n desarrollo económico bajo en emisiones y elevará la competitividad.
Para ello recomienda que las tarifas energéticas domésticas se determinen conforme a un análisis de ciclo de vida que considere el costo asociado de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de replantear la estructura de los subsidios al combustible, la electricidad y el agua en todos los sectores.
Advierte que el uso indiscriminado y consecuente deterioro de los recursos naturales, aunado a las tendencias socioecológicas y socioeconómicas, así como la industrialización y urbanización “representan un problema ambiental, social y económico que se agudizarán por los efectos del cambio climático”.
La estrategia se publica cuatro meses después de que el presidente Enrique Peña Nieto instaló la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el órgano que encabeza al Sistema Nacional de Cambio Climático.
Este sistema quedó establecido en el marco de la ley de cambio climático para coordinar las acciones de los distintos órdenes de gobierno y los sectores público, privado y social, ya que lo conforman la comisión intersecretarial, el Consejo de Cambio Climático, el Congreso de la Unión, las entidades federativas, asociaciones y autoridades municipales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
Además, el SNCC está conformado por una serie de instrumentos para optimizar la ley en la materia, el primero de ellos la estrategia nacional ayer presentada.
Aunque la estrategia sólo es de carácter orientador, pretende dar una visión a largo plazo de las acciones a seguir para lograr el objetivo del gobierno de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para 2020, y en 50% para 2050.
“La ENCC no define acciones concretas ni responsables particulares. El Plan Nacional de Desarrollo establece las bases de las acciones a seguir en el corto plazo que serán complementadas con el Programa Especial de Cambio Climático, en el que se plantearán las metas específicas de esta administración en la materia, el cual lo vamos a publicar en septiembre”, señaló Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
NICHO DE MERCADO
“El crecimiento verde se ha convertido en un nicho de oportunidad para generar desarrollo económico. Según datos de la OCDE, México genera sólo 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) a través de negocios verdes, mientras que en países como los nórdicos se genera hasta 3%”, apuntó Guerra Abud.
El funcionario agregó que, de acuerdo con datos del INEGI, el país pierde al año alrededor de 7% del PIB a consecuencia de daños ambientales.
“Con este documento se sientan las bases para alcanzar los objetivos que marca la Ley General de Cambio Climático: reducir en 30% las emisiones de CO2 para 2020 y generar como mínimo 35% de la electricidad mediante fuentes limpias para 2024”, dijo.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez, recalcó que México cuenta con un enorme potencial en economía verde: “Tan sólo en energías renovables es factible producir electricidad con estas fuentes hasta en 20% de la capacidad de generación total para el 2020. Con ello, se pueden atraer inversiones de más de 20 mil millones de dólares y reducir los costos de electricidad de las empresas entre 10 y 40%”, subrayó.
Gutiérrez enfatizó que para materializar el potencial de la estrategia es indispensable contar con las reformas hacendaria y energética, con el fin de detonar las inversiones.
GANANCIAS PARA EMPRESAS VERDES
Otra de las estrategias plantea “promover un esquema para impulsar mercados voluntarios de carbono, incluyendo de carbono forestal”.
El mercado de carbono se creó con el fin de que los países industrializados y sus empresas puedan cumplir con sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante la compra de certificados.
Dicho esquema permite que empresas mexicanas y el mismo gobierno demuestren sus reducciones de emisiones de GEI y puedan vender certificados a naciones industrializadas.
Por otra parte, en los proyectos de carbono forestal se mercantilizan los bosques como grandes zonas de captura de CO2, pagando a quienes participan en la forestación, reforestación o conservación de bosques que capturan el carbono de la atmósfera.
Actualmente existe el mercado oficial y el voluntario. En el primero participan los países altamente industrializados (firmantes del Protocolo de Kioto) que de manera obligatoria deben reducir sus emisiones de GEI.
El esquema voluntario permite que compañías, gobiernos y organizaciones se responsabilicen por las emisiones que generan, y las compensen a través de la adquisición voluntaria de bonos de carbono.
México es, junto con las naciones emergentes de Latinoamérica, un país no obligado a reducir sus emisiones de GEI, sin embargo puede aprovechar el esquema de los mercados voluntarios de carbono para obtener fondos adicionales.
En 2008, se comercializaron en el mercado voluntario de carbono alrededor de 704 millones de dólares en el mundo. Esto representa una importante fuente de ingresos verdes para los países que reduzcan sus emisiones de CO2.
En números
730 mdp al año, las pérdidas económicas por desastres naturales entre 1980 y 1999
21 mil 950 mdp, el impacto entre 2000 y 2012
748 millones de toneladas de CO2 emitió México a la atmósfera en 2010, 33% más que en 1990
1.4% de las emisiones globales derivadas de la quema de combustibles fósiles, fue la “contribución” de México en 2011
4ºC se podría incrementar la temperatura de la Tierra hacia finales de siglo
30% de las emisiones de gases de efecto invernadero busca reducir México para 2030; 50% para 2050
FUENTE: ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Reclamo de empresarios
Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, pidió mayor protagonismo para su sector en la lucha que el gobierno emprendió contra el cambio climático.
“Por nuestra parte queremos participar en las diversas instancias responsables de la implementación y, en particular, tener una representación equilibrada respecto al sector académico y al social en el Consejo de Cambio Climático (C3)”, dijo.
Gutiérrez Candiani subrayó que la alianza efectiva entre el gobierno, academia, empresas y sociedad es indispensable para que la estrategia tenga éxito.
El empresario aseguró que en el sector que preside comparten la visión del titular de la Semarnat, acerca de que la preservación del medio ambiente puede y debe de darse de la mano de un mayor crecimiento económico.
Para ello, comentó que los empresarios junto con gobierno, académicos y sociedad deben ser copartícipes en el diseño y despliegue de políticas públicas eficaces y para potenciar sinergias que activen el crecimiento verde.
Agregó que en esta lucha contra los efectos del cambio climático resulta fundamental concretar una reforma energética que “realmente sea de fondo”.
“Paralelamente, urge ampliar la red de distribución de gas natural para uso industrial, y es vital fortalecer los esquemas que han permitido el desarrollo de la producción de energías renovables y la cogeneración”, acotó.
Finalmente, Gutiérrez Candiani reveló que el sector empresarial busca trabajar aún más de cerca con el gobierno y los sectores de la sociedad en el uso eficiente del agua, la gestión integral de residuos, el diseño de ciudades sustentables y el financiamiento para infraestructura de crecimiento verde.
“Hemos propuesto, entre otras medidas, diseñar un código medioambiental, que ordene y armonice las leyes dispersas y sus disposiciones en la materia similar al código fiscal”, dijo.