La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció revisar el trabajo de investigación que se realizó desde 2009 con motivo de la tragedia en la guardería ABC, pero descartó que de momento se vayan a realizar nuevos peritajes o declaraciones.
Autoridades de la dependencia federal indicaron que a petición de la organización civil “Manos Unidas por Nuestros Niños” y con la anuencia del procurador Jesús Murillo Karam, se revisarán las actuaciones (diligencias) asentadas en la averiguación previa AP/PGR/SON/HER-V/1132/2009 iniciada por ese caso.
La solicitud fue presentada en mayo por la referida organización ante la subprocuraduría de Control Regional, Procedimiento y Amparo, bajo el argumento de que existen líneas de investigación que no se agotaron en el caso, entre ellas la posibilidad de que el incendio que le costó la vida a 49 menores fuera provocado en una oficina contigua a la de la guardería.
Se trata de una verificación que se realiza desde las oficinas centrales de la Ciudad de México sobre el trabajo realizado por la administración pasada con motivo de este caso.
Solo en el escenario de que se detecte una actuación irregular o negligente de los funcionarios que participaron en el caso se ordenaría una reapertura de las diligencias practicadas asentadas en el expediente, e incluso eventuales procesos en contra de servidores públicos que hubieran incurrido en una responsabilidad.
No se estableció públicamente un plazo para que se concreté esta revisión ni se conozcan los resultados.
Lo que la PGR descartó, al menos por el momento, es que con la evidencia asentada en el expediente se pueda proceder en contra de altos funcionarios federales y estatales, incluyendo al ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, pues las fuentes consultadas recordaron que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el 16 de junio del 2010 que no eran imputables por este asunto.
Hasta el día de hoy la investigación realizada por la Procuraduría solo ha permitido proceder en contra de 29 personas, la mayoría de ellos mandos medios y bajos, por delitos que les permitieron alcanzar la libertad bajo fianza.
La única que permanece en prisión es Delia Irene Botello Amante, excoordinadora zonal de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por otro lado, la delegación estatal de la PGR en Sonora inició la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/19A/2013 a partir de la denuncia presentada por un grupo de padres de los menores que murieron, y que sostienen que el incendio fue provocado en un edificio contiguo a la guardería para eliminar evidencia sobre el adeudo del gobierno de Bours.
CUATRO AÑOS, NINGUNA SENTENCIA
“No hay sentencias, sólo delitos no graves y decenas de familia esperando por la justicia (…) Todavía está pendiente el compromiso del presidente Peña Nieto para la audiencia con los padres.
“Hace un mes nos resolvió pero canalizándonos a una instancia menor y creo que ésta no es la que tiene la facultad para resolver una situación tan compleja. No recuerdo el nombre, pero es una oficina de atención a la ciudadanía”, explica Julio César Márquez, papá de “Yeye”, quien murió hace cuatro años en el incendio.
No obstante, los padres de la guardería ABC celebran que en 2010 lograron la Ley 5 de Junio, a pesar de la oposición del ex presidente Felipe Calderón. Con ella, el gobierno federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están obligados a atender médica y psicológicamente a los niños sobrevivientes y sus familias, a los padres de los menores fallecidos, y a los empleados de la guardería.
“Hemos batallado. No todo ha sido vida y dulzura, se ha batallado para lograr lo que ahorita se tiene, es un estira y afloja entre lo que se necesita para los niños y lo que nos quieren dar, hay topes burocráticos muy grandes”, expone Adriana Villegas, mamá del menor Héctor Robles, uno de los sobrevivientes.
A la par de esta lucha, los padres de los 49 menores fallecidos y también de los 77 niños que tienen lesiones internas o quemaduras mantienen una batalla cotidiana en su círculo más cercano. “El duelo no se va a cerrar ni va a concluir hasta que haya un castigo ejemplar a los responsables. No se puede resolver un duelo cuando estás todos los días recordándolo en reuniones, en manifestaciones”, expresa Martha Lemus, mamá de Santiago de Jesús.
Ofelia Vázquez, mamá de Germán Paul, se refiere a este proceso: “Después de dos años ya mi esposo y yo tomamos la decisión de que no queríamos ser uno de los tantas familias que hay ahorita de matrimonios separados o divorciados. Queríamos pasar esa etapa y volver a formar una familia si era posible. Fue muchos intentos de embarazo por inseminación que funcionó y nació Eva Victoria”.
Martha Lemus narra también su experiencia: “Tengo dos niñas, Ana Victoria y Elizabeth. Son muchos sentimientos encontrados, la vida me cambio por completo, yo no he logrado ser la misma y creo que nunca lo voy a volver a ser. Por un lado tengo la alegría de volver a ser madre, pero sigo mi vida luchando por justicia para Santiago”.
Para los sobrevivientes, la batalla no ha sido fácil. Adriana se refiere al impacto sobre Lizbeth, su hija mayor, quien con siete años fue testigo de aquella escena que inquietó sus sueños durante tres años.
La lucha de los padres no ha cesado desde aquel 5 de junio de 2009. Las naturales diferencias dividieron al grupo en el llamado “Movimiento 5 de Junio” y “Manos Unidas por Nuestros Niños”, cada uno con abogados diferentes, pero en las movilizaciones van juntos, con el objetivo que los unió hace cuatro años: justicia para sus hijos.