Cuatro empleados de control vehicular delegacionales de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) fueron detenidos por el supuesto ejercicio ilegal del servicio público, por presuntamente registrar camionetas con logotipos de Televisa con documentación irregular, las cuales fueron aseguradas en septiembre de 2012 en Nicaragua, que tras diversas diligencias, se determinó que los vehículos no son propiedad de dicha empresa, ni de alguna de sus filiales.
Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del DF señala que existe la indagatoria sobre otras diez camionetas dadas de alta con irregularidades a nombre de la televisora en módulos de Control Vehicular.
El pasado 3 de junio, elementos de la Policía de Investigación aprehendieron a Martín Zárate Pérez, Santos Rogelio Juárez Carrillo, Hilario Rivera Chávez y Luis Aburto Orozco, adscritos a los módulos de control de las delegaciones Iztacalco, Venustiano Carranza y Tlalpan.
Ayer, los indiciados rindieron su declaración preparatoria. Mientras que Luis Aburto Orozco fue el único de los indiciados que presentó las pólizas para garantizar su libertad provisional, los demás inculpadoss permanecen internos en el Reclusorio Preventivo Norte.
Con los elementos recabados, en noviembre del año pasado la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos ejerció acción penal, sin detenidos, contra Martín Zárate, Santos Juárez, Hilario Rivera y Luis Aburto.
La indagatoria fue radicada en el Juzgado Tercero de Delitos No Graves, donde se emitieron las órdenes de aprehensión contra de los presuntos responsables.
De acuerdo al Artículo 259, fracción III del Código Penal para el Distrito Federal comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público, el servidor público, que por sí, utilice indebidamente información a la cual tenga acceso en virtud de su empleo, cuya penalidad es de dos a siete años de prisión y de 25 a 250 días de multa.
Los 18 mexicanos que fueron detenidos abordo de las seis camionetas con logotipos de Televisa, cumplen una condena de 30 años en Nicaragua por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, y narcotráfico.
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