El 5 de junio de 2009, un incendio en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, provocó la muerte de 49 niños y lesiones a 70 más. En ese entonces, se informó de manera oficial que la causa fueron fallas en un enfriador ambiental. Sin embargo, a cuatro años, la PGR investiga la posibilidad de que el fuego fuera provocado para quemar información sobre un fraude multimillonario.
De acuerdo con esta nueva línea de investigación, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó que la Secretaría de Hacienda de Sonora no le ha entregado la información relacionada con el fideicomiso del Plan Sonora Proyecta (PSP), puesto en marcha por el ex gobernador Eduardo Bours.
Lo anterior ya ocasionó que la PGR tuviera que enviar, por segunda vez, un oficio a la dependencia estatal, requiriendo “lo antes posible” que se entregue la información.
En entrevista con 24 HORAS, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la PGR, Renato Sales Heredia, explicó que se solicitó a la Secretaría de Hacienda estatal los datos del fideicomiso del referido plan, el cual permitió la emisión de bonos por hasta 10 mil millones de pesos, así como las auditorías practicadas al mismo.
La nueva averiguación previa iniciada por la PGR, a partir de la denuncia de padres de los 49 niños que murieron quemados, apunta a que el siniestro fue provocado para quemar la papelería relacionada con el PSP, la cual estaba almacenada en un edificio de la Secretaría de Hacienda contiguo al de la guardería.
Por ello, desde mayo pasado la Procuraduría pidió al gobierno estatal la información completa del fideicomiso, la cual, hasta el momento, no ha sido entregada.
Sales indicó que 15 días después de la primera solicitud de información y ante la falta de respuesta, se giró un nuevo oficio ministerial “recordatorio” a Hacienda local para que entregue la información del fideicomiso y las auditorías al Ministerio Público.
“Se solicitó a la Secretaria de Hacienda del estado qué documentación se custodiaba en esa bodega, qué tipo de documentación y si hay un inventario, porque tenían que tenerlo (…) el recordatorio fue para solicitar, de nueva cuenta, que nos manden esta información”, dijo el subprocurador.
Sales explicó que, hasta ahora, son 26 las diligencias ministeriales que se han ordenado en la nueva averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/19A/2013, las cuales tienen como objetivo verificar si, en efecto, el incendio fue provocado.
Entre las diligencias que se ordenaron, además de requerir la información del PSP, se encuentra la solicitud de copias certificadas de las cámaras de videograbación de la bodega de la Secretaría de Hacienda estatal donde inició el incendio, una ampliación de la verificación ocular en el exterior del inmueble y la localización de testigos.
También se giraron oficios a diversas instancias, incluido el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, para rastrear el movimiento de la turbosina con la que presuntamente se ocasionó el incendio, entre otros aspectos.
Sales reveló que ya se envió un equipo de investigación de la subprocuraduría a Hermosillo para trabajar directamente en el caso y que se esperan resultados el próximo mes.
Atrae homicidio
El subprocurador confirmó que la PGR atraerá oficialmente la investigación relacionada con el homicidio de Carlos Andrés López Meza, chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, ex secretario técnico y colaborador cercano de Eduardo Bours, señalado por las víctimas como el responsable de haber provocado el incendio para destruir los documentos del PSP.
Dos meses después del siniestro, López Meza murió tras recibir nueve impactos de arma de fuego. El crimen no fue esclarecido nunca por las autoridades locales.
Sales explicó que se revisará toda la información que exista sobre la víctima y las personas para las que trabajaba, y también se rastrearán vehículos posiblemente involucrados, incluyendo una camioneta Ford tipo Lobo de la que ya se tiene una fotografía y los datos de matrículas.
50 tomos a revisión
De forma paralela a la integración del nuevo expediente, el subprocurador subrayó que se trabaja en la revisión de la averiarían previa abierta desde 2009 por este caso, y en la que se concluyó que el incendio fue accidental.
Explico que el expediente, que derivó en cargos contra de 22 funcionarios por delitos no graves, consta de aproximadamente 50 tomos que están siendo revisados de forma cuidadosa, para identificar si existieron negligencias o quedaron diligencias sin realizar.
“Estamos conformando un equipo para revisar la indagatoria y no con un ánimo inquisitorio sino también enriquecedor. Puede ser que una comparecencia que esté aquí se compete (…) aún es posible obtener mucho de ese expediente original”, dijo.
Y aunque en su momento la Suprema Corte determinó que altos mandos federales y el mismo Bours no eran imputables en el caso, Sales indicó que este es un caso que se sigue de oficio y si surgen nuevos elementos que pudieran arrojar otras responsabilidades, se trabajará en ellas.
“Lo menos que podemos hacer por la memoria de los niños en un caso tan lamentable, tan dramático es investigar lo que se está pidiendo; si esto arroja nuevas líneas o brinca el ejercicio de la acción penal bien, pero aunque no los arroje no podemos dejar de investigar, es una obligación jurídica y moral”, sostuvo.
DATOS
*49 NIÑOS MUERTOS
*70 NIÑOS HERIDOS
*22 FUNCIONARIOS SUJETOS A PROCESOS PENALES
*UNO SOLO DE LOS INCULPADOS SIGUE PRESO.
*10 MMDP EL MONTO DEL PLAN SONORA PROYECTA
*50 TOMOS DE LA AVERIGUACION ORIGINAL
*26 NUEVAS DILIGENCIAS ORDENADAS
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