MOSCÚ.—  Un proyecto de ley que estigmatiza a la comunidad gay de Rusia y que prohíbe proporcionar información sobre la homosexualidad a los niños fue aprobado el martes por mayoría absoluta en la cámara baja del Parlamento.

 

Más de 20 activistas fueron atacados por personas que se oponen a la homosexualidad y luego detenidos por la policía, horas antes que la Duma Estatal aprobara el proyecto de ley, respaldado por el Kremlin, con 436 votos a favor y 0 en contra.

 

El proyecto de ley, que prohíbe la “propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales”, aún debe ser aprobado por la cámara alta y firmado por el presidente Vladimir Putin, aunque ambas cosas son dadas por descontadas.

 

La medida forma parte de una campaña para promover los valores tradicionales rusos en lugar del liberalismo occidental, que según el Kremlin y la iglesia ortodoxa rusa corrompen a la juventud rusa.

 

El único parlamentario que se abstuvo el martes fue Ilya Ponomaryov, que ha respaldado el movimiento de protesta a pesar de pertenecer a un partido pro-Kremlin.

 

Antes de la votación, los activistas de los derechos homosexuales intentaron efectuar una manifestación “de besos” frente a la Duma Estatal, situada frente a la Plaza Roja en el centro de Moscú, pero fueron atacados por centenares de activistas cristianos ortodoxos y grupos juveniles que respaldan al Kremlin. Los grupos opositores lanzaron huevos y profirieron obscenidades contra los activistas gays.

 

Las escuadras antidisturbios de la Policía intervinieron y detuvieron a más de 20 manifestantes, casi todos activistas de los derechos de los homosexuales. Algunos de los que no fueron detenidos fueron golpeados por hombres enmascarados en otra calle céntrica.

 

El proyecto de ley impondrá elevadas multas por difundir información sobre la comunidad gay entre menores de edad, o por realizar concentraciones de orgullo gay. Se impondrá una multa de hasta 5.000 rublos (156 dólares) a los individuos que infrinjan la ley, y de hasta un millón de rublos (31.000 dólares) a las empresas infractoras, incluso medios de comunicación.