Los problemas de crecimiento urbano que dejaron las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón y la situación de 37 millones de mexicanos que no cuentan con vivienda digna son los objetivos a corregir en materia de crecimiento urbano dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

 

Otra de las dificultades contempladas en el diagnóstico sobre este rubro que se realizó para trazar el PND es la crisis de ciudades dormitorio, así como las cinco millones de viviendas abandonadas y 500 mil vandalizadas, estas últimas por el crecimiento del crimen organizado en el gobierno de Felipe Calderón.

 

La administración actual ha admitido que resolver este problema de desarrollo urbano es urgente.

 

En el PND se trazaron cinco líneas de acción: ciudades más compactas; inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas; reformar el marco legal de planeación urbana; fomentar una movilidad urbana sustentable con transporte público y masivo; y lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda

 

Con base en estos ejes, Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, estableció de manera urgente el cambio de reglas de operación, que de inmediato generó malestar en el sector inmobiliario.

 

Estas reglas están orientadas al plan de subsidios porque de acuerdo con cifras de la Sedatu 9 millones de mexicanos que no tiene acceso ni al Infonavit ni al Fovissste.

 

La segunda tarea es la creación en septiembre de nueva instancia que defina nuevas opciones de suelo.

 

“El diagnóstico de la Sedatu ha observado que hay diversos espacios, algunos de ellos federales, donde pueden establecerse reservas intraurbanas que beneficien a los que menos tienen, porque si son aprovechadas por el sector privado se elevarán los precios”, explicó el pasado 3 de junio Ramírez Marín en la Cámara de Diputados al participar en el primer foro orientado a resolver los conflictos del desarrollo urbano en el país.

 

El titular de Sedatu afirmó que para el desarrollo de vivienda social se hará una coordinación con ayuntamientos y gobiernos estatales para evitar que se construya en lugares “tan feos y tan lejos”. El funcionario aseguró que hasta el momento no hay ninguna denuncia por el abandono de casas a causa de la violencia en los estados, pero hay casos que se conocen públicamente.

 

Los cambios al marco legal se están afinando. En septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario la Sedatu enviará las reformas necesarias para lograr los cambios en desarrollo urbano.

 

Ramírez Marín aseguró que el objeto de las reformas se centra en la disposición de la tierra de propiedad social y rural y reformas al sistema de terrenos nacionales.

 

Por su parte, Jorge Herrera, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados, confía en que el desequilibrio de las ciudades se resolverá en esta administración porque Peña Nieto ha expresado un compromiso que permitirá también trabajar en la recuperación de las viviendas abandonadas.

 

Señala que las reformas previstas están orientadas a que el gobierno de la República retome la rectoría del desarrollo urbano, pero sin invadir las esferas de los otros niveles de gobierno.

 

Carlos De Anda Hernández, presidente Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, comenta que más allá de las reformas legales debe trabajarse en la aplicación de la ley para frenar la corrupción que derivó de las inmobiliarias a las que el gobierno de Calderón les abrió la puerta.

 

Aunque, también admite que la corrupción campea no sólo en lo federal, sino en los gobiernos estatales y alcaldías. “Hay alcaldes que enloquecieron al ver las inversiones millonarias para generar vivienda, pero ahí está el resultado, quedaron con la deuda y el alto costo del mantenimiento”, afirma De Anda.

 

El problema se agravó en 12 años

 

En los reportes de la ONU Hábitat se indica que en México no existe una visión nacional óptima del tema urbano y se refleja en la dispersión institucional e inexistencia de un conjunto de políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo interno de las ciudades y la interacción entre ellas.

 

Expertos, autoridades federales y legisladores comparten el diagnóstico: el origen del problema está en el trazo del desarrollo urbano y territorial que realizó la federación en los últimos 12 años.

 

“El gobierno federal se retiró de su responsabilidad y entendió que lo que tenía que hacer era apoyar a los inversionistas privados”, asegura en entrevista el arquitecto Roberto Eibenschutz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.

 

La afectación directa sin duda ha sido en la calidad de vida de los 90 millones de mexicanos que habitan en ciudades. En México la población urbana se duplicó en últimos 30 años, pero la superficie de sus ciudades creció siete veces en promedio, revela un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

“El 26 por ciento de las viviendas que financia Infonavit están sin ocupantes. Un tercio de las familias que no habitan sus viviendas señala como razón principal la distancia a centros de trabajo, estudio y redes sociales”, refieren los indicadores de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ha comenzado a trazar una ruta hacia la sustentabilidad.

 

Eibenschutz afirma que “desastre” en materia de desarrollo urbano parte de que el derecho a la vivienda se ha supeditado a las condiciones del mercado. “El 60% de la población no tiene acceso al mercado formal del suelo”, asegura el miembro vitalicio del Colegio de Arquitectos de México CAM-SAM. Apunta que “la especulación, la informalidad y la corrupción son los motores de la expansión urbana”.

 

Los daños al ambiente son tangibles: contaminación del agua, aire, suelo, y ya han mermado la calidad de vida de los mexicanos, lo que ha dado pie a una mayor demanda de servicios e insatisfacción de demandas de agua, saneamiento, manejo de residuos, vivienda, transporte. El efecto se ha extendido al deterioro de la imagen urbana y la consecuencia más negativa para el ciudadano son los traslados largos y en malas condiciones entre suburbios y ciudad.

 

“Los sectores de menos recursos que viven en zonas urbanas periféricas gastan hasta 4 horas al día y el 25% de sus ingresos en movilizarse”, según datos de la Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico de la Semarnat, que coordina César Rafael Chávez.

 

Sin receta mágica

 

Para corregir los daños de la mala planeación urbana, las autoridades y los expertos coinciden en lo que no se debe hacer y hay un diagnóstico claro para generar un reordenamiento territorial.

 

La realidad así lo exige. En México la población que vive en localidades de más de 2,500 habitantes pasó del 42.6% (1950) al 76.8% (2010), según cifras de la Semarnat.

 

El arquitecto Roberto Eibenschutz se mantiene escéptico y asegura que el primer paso del gobierno de Peña Nieto debe ser “ponerse los pantalones”.

 

“Se ve una claridad en el conocimiento y un discurso muy claro, lo que ya no veo tan claro es la aplicación de en qué momento hacerlo y cómo”, afirma.

 

El experto añade que parte de la complejidad es que “no hay recetas mágicas porque cada organismo es distinto como cada ciudad es distinta”.

 

César Chávez, director General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico de la Semarnat,  comenta que para lograr las ciudades compactas se debe contener la expansión urbana y recuperar zonas deterioradas y conservar la identidad.

 

Una tarea fundamental, agrega, es reducir los desplazamientos mediante el uso del transporte público de calidad y el fomento de la intermodalidad.