Para combatir el trabajo infantil hacen falta políticas públicas que generen empleos bien remunerados para los padres y, sobre todo, fortalecer el combate al rezago educativo en el país, consideró Alfredo Sánchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
De los tres millones de menores que trabajan en México, 39% no asiste a la escuela, de acuerdo con un reporte del INEGI, cifra que se incrementa a 51% entre los adolescentes de 14 a 17 años que laboran.
La mayoría de estos casos sucede en el ámbito rural en donde los padres, que por lo regular no concluyeron la primaria y tienen grandes carencias económicas, requieren que sus hijos colaboren con el sustento del hogar.
“En los hogares con menores recursos se considera normal sacar a los niños de la escuela para enviarlos a trabajar”, subrayó el especialista. Sin embargo, acuerdos internacionales especifican que antes de los 15 años la única obligación de los niños debe ser su desarrollo educativo.
En México, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo prohíben el trabajo de menores de 14 años, aunque el Ejecutivo busca elevar la edad a 15 años.
En el caso de los adolescentes se les permite laborar en circunstancias específicas: siempre y cuando exista un permiso por parte de los padres, cuando haya compatibilidad entre el estudio y el trabajo, además del cumplimiento de otras condiciones que salvaguarden su bienestar. Juan Luis Ramos