El Partido Revolucionario Institucional (PRI) contraatacó a las constantes acusaciones electorales en su contra, y ayer encaró a Acción Nacional (PAN) con un ramillete de 180 denuncias en los estados de Baja California y Puebla. Además, su bancada en el Senado presentó exhortos en contra de dirigentes, candidatos y gobernantes panista.
En conferencia de prensa, tres días después de que el dirigente azul Gustavo Madero, acusó a “los batos del PRI” de tener en su ADN el elemento del fraude electoral, la cúpula priísta presentó documentos a su juicios suficientes para demostrar la parcialidad de los funcionarios panistas.
Los delegados priistas en Puebla y Baja California, respectivamente Fernando Moreno Peña Héctor Yunes Landa, acompañados del secretario de Organización tricolor, dijeron que el gobernador Rafael Moreno Valle se apropió de los órganos electorales para favorecer a Antonio Gali Fayad, candidato de la alianza Puebla Unida, conformada por PAN, PRD, Panal y el local Pacto Social de Integración.
“Puebla es el único estado donde casualmente Gustavo Madero no ha presentado denuncias por presuntos delitos electorales”, acotó Moreno Valle. Sin embargo, descartó la posibilidad de demandar la anulación del proceso poblano “por la franca intromisión del gobernador”.
-Vamos a ganar –prometió-. Pese a la parcialidad de los jueces electorales, Enrique Agüera (PRI-PVEM) será el próximo presidente municipal de Puebla.
No habrá concertacesión en BC
En paralelo, el senador Héctor Yunes dijo que es un invento panista la versión de que, para no entorpecer al Pacto por México, cederá Baja California al PAN.
-No habrá concertacesión. Es una patraña, como decir que eso lo negoció Madero con el presidente Enrique Peña Nieto.
La embestida priista se extendió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se hizo un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) para que acelere la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del panista Miguel Ángel Yunes, ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz.
De igual forma, la senadora priista Graciela Ortiz urgió, ante el pleno de la Permanente, que la PGR investigue y se sancione las prácticas que han sido llevadas a cabo por las autoridades estatales de Baja California, encabezadas por el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán.
Estas prácticas van en detrimento de lo que es el proceso electoral que debiera conducirse en una condición de equidad, de igualdad para todos los que están participando en dicho proceso. Este exhorto fue enviado a la Primera Comisión.
La prácticas por las que se acusan al gobierno del estado son, entre otras: se dio a conocer que la Coalición Unidos por Baja California, integrada por PAN y PRD, entregó a los ciudadanos unas tarjetas con la frase “De la mano Kontigo”, la cual contiene un seguro de vida cuya vigencia termina el próximo 8 de julio; coacción del voto mediante becas escolares y despensas, entrega despensas del programa del Gobierno del estado, llamado “Vida Digna”, en la colonia Rincón Tecate, en plena veda electoral, además de adquisiciones del Gobierno del estado por vía de adjudicación.