La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) aplicó una multa de 5.4 millones de pesos (cerca de un millón de dólares) al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos, informó ayer el organismo.

 

La sanción alcanza tanto a la filial argentina del banco británico como al director responsable antilavado, así como al oficial de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo de la entidad financiera.

 

El sumario que derivó en esta penalidad, señala la UIF, fue abierto en marzo de 2010 luego de que organismo federal que depende del Ministerio de Justicia argentino, detectara que HSBC no había reportado como sospechosa una maniobra por cerca de cinco millones de pesos (940 mil dólares) realizada en 2007, que “resultaba injustificable según el perfil patrimonial del cliente”.

 

“La persona había declarado vivir de una renta que no alcanzaba los tres mil pesos (565 dólares) por mes”, dijo la UIF.

 

Además, según los registros del Fisco argentino, esa persona tampoco tenía bienes declarados a su nombre.

 

La UIF sostuvo que “a pesar de ello, el banco no consideró sospechoso el depósito de más de cinco millones de pesos en la cuenta del rentista, ni aún que este dinero fuera luego debitado en el curso de un mes”.

 

“Una vez iniciado el sumario de la UIF, el banco presentó el reporte de la operación realizada casi tres años antes. Sin embargo, la Unidad señaló que tal presentación resultaba extemporánea y defectuosa”, indicó.

 

Demanda en Nueva York

 

El pasado 4 de junio, el fiscal general del estado de Nueva York demandó ante la Corte Suprema estatal a la filial en Estados Unidos de HSBC por irregularidades cometidas en las ejecuciones hipotecarias y que han impedido que los propietarios negocien alternativas con la entidad para no perder sus casas.

 

“Empresas como HSBC están ignorando descaradamente la ley estatal, dejando a los propietarios de viviendas a través de Nueva York atrapados en un limbo legal en el que no pueden ni siquiera obtener la conferencia de acuerdo legalmente establecida que podría ayudarle a mantener sus hogares”, dijo el Fiscal General Schneiderman.

 

La ley estatal establece que después de que los prestamistas hipotecarios presenten una solicitud de intervención judicial, el prestatario puede negociar en los 60 días siguientes alternativas a la ejecución hipotecaria, incluyendo modificaciones de préstamos con pagos más asequibles de su hipoteca.

 

Tras investigar estas irregularidades, la Fiscalía identificó 300 casos en los condados de El Bronx, Suffolk, Erie y Monroe en los que HSBC no presentó a tiempo las solicitudes de intervención judicial, lo que aumenta el riesgo de que los propietarios perdieran sus casas.