Al considerar que puede huir del país, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez federal el arraigo domiciliario por 40 días contra el ex gobernador Andrés Grianier.

 

Mientras el ex mandatario tabasqueño presentaba su declaración ministerial y la ratificaba, la PGR solicitó la medida cautelar para que Granier la cumpla en su casa, ubicada al sur de la Ciudad, de donde no podría salir salvo que lo requiriera el Ministerio Público Federal, mantendrá vigilancia y sus visitas deberán ser previamente autorizadas.

 

El ex gobernador llegó ayer alrededor de las 10 de la mañana a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO), en donde existe una investigación en su contra por peculado y lavado de dinero.

 

Presentó ante el Ministerio Público su declaración por escrito y unas dos horas después la ratifico ante el mismo Ministerio Público, quien los sometió a un interrogatorio en torno a los recursos federales otorgados al gobierno de Tabasco durante su gestión. De acuerdo a la información recabada por este diario, fueron más de una veintena de preguntas las que se le formularon.

 

Los abogados defensores entregaron diversos documentos, entre ellos las declaraciones patrimoniales, la aprobación de parte del Congreso de Tabasco a las cuentas públicas de su administración y al parecer reportes sobre los gastos provenientes del Fondo de Desastres Naturales, entregados por la Secretaría de Gobernación entre 2007 y 2010.

 

Al tiempo que Granier declaraba, la PGR solicito a un juez el arraigo domiciliario del ex gobernador, bajo el argumento que podría huir, ya que tiene la capacidad económica para hacerlo, por lo que requirió un plazo de 40 días para concluir la integración de la averiguación previa.

 

Hasta el cierre de esta edición, el juez revisaba el legajo enviado por los funcionarios de la SEIDO, para determinar si existían elementos suficientes para otorgar la medida cautelar o no.

 

Aunque la diligencia de comparencia concluyó a media tarde, Andrés Granier y sus abogados no pudieron abandonar las instalaciones de la Subprocuraduría, porque el Ministerio Público aún no contaba con la resolución del juez y les impidió salir.

 

El equipo de abogados del ex gobernador, que encabezan Eduardo Luengo Creel, argumentaron ante el Ministerio Público que no era necesario el arraigo, porque su cliente se había presentado voluntariamente a comparecer y no pensaba salir del país hasta aclarar las acusaciones en su contra. Sin embargo, los argumentos no fueron tomados en cuenta.

 

De otorgarle el arraigo, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, que giró un nuevo citatorio contra Granier, podría interrogar en su domicilio al ex gobernador, en torno a las investigaciones que le sigue por el presunto desvío de recursos públicos estatales durante su administración.