El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, instó a las autoridades de procuración de justicia federales y de Tabasco a integrar pruebas legales contra el ex gobernador Andrés Granier, para evitar impunidad en el presunto desvío de recursos públicos en esa entidad.
En un comunicado, dijo que en el caso de corrupción del gobierno de Granier Melo se debe reparar el daño económico cometido en agravio de la sociedad, y consideró que es necesario sancionar actos de corrupción cometidos durante su gobierno.
Señaló que las autoridades deberán llevar a cabo las acciones que permitan juzgar los supuestos actos de corrupción por los que el ex gobernador y sus colaboradores están bajo investigación.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que las autoridades de procuración de justicia tienen las atribuciones para determinar medidas cautelares y asegurar los bienes que pudieran ser resultado de la desviación de recursos públicos.
De tal forma que en el momento procesal correspondiente se pueda reparar el daño causado y el dinero se destine a las personas más desprotegidas.
Barbosa Huerta solicitó a las autoridades judiciales recabar las pruebas legales que permitan un procedimiento apegado a derecho, pues de lo contrario, si existe una mala integración ministerial, el proceso judicial se puede volver en beneficio de los infractores.
En este contexto, el también presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República aseguró que el tema del combate a la corrupción merece mucho más que simples declaraciones o deslindes políticos.
“Más allá de la condena, el saqueo a los recursos públicos, la falta de resarcimientos de los mismos y de reparación del daño económico infligido lastiman a la sociedad mexicana”, sostuvo Barbosa Huerta.
Por ello el líder camaral hizo un llamado para que en este caso se actúe con seriedad, se substancien debidamente los procedimientos, además de que “la reparación del daño es parte fundamental de todo modelo de combate a la corrupción”, añadió.
Finalmente, reiteró que deben evitarse las historias de procedimientos penales armados a modo, con pruebas mal sustentadas con toda deliberación, dirigidas a “apagar provisionalmente la indignación colectiva”, y que finalmente permiten a los implicados regresar a la vida social.