Crear nuevas formas de distribución y financiamiento de recursos para partidos políticos; organizar elecciones federales y locales; y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dirima controversias en las elecciones, son algunas de las propuestas que contempla la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) prevista en la reforma electoral.

 

Es decir, los organismos o institutos de los estados ya no existirían, al igual que los tribunales estatales; todas las funciones se concentrarían en el INE.

 

La intensión de esta reforma es erradicar “viejas prácticas fraudulentas” en los procesos electorales, legisladores federales discutirán antes de septiembre próximo la creación de esta nueva instancia, que reemplazaría al Instituto Federal Electoral (IFE), según sostiene el proyecto de iniciativa de ley, al que 24 HORAS tuvo acceso.

 

El objetivo es claro: “evitar que cualquier grupo de influencia política o económica, sea cual fuere su origen, y su fuente de poder, estén imposibilitados para meter las manos de todas las elecciones que se realizan en el país. Lo que se pretende es una auténtica competencia con piso parejo para todas las fuerzas políticas” sostiene.

 

Así, para dar certidumbre y evitar cuestionamientos en los procesos electorales, se contempla crear un máximo órgano de dirección, denominado Consejo General; quien tendrá la facultad de fiscalizar los recursos con los que Partidos Políticos realicen campañas electorales.

 

“Será capaz de fiscalizar la procedencia y el destino de todo tipo de recursos que hagan uso los Partidos Políticos: de origen público, privado e incluso de los recursos obtenidos de forma ilícita o por fuera de la Ley”, señala.

 

En este marco, diez consejeros y un presidente, serán los que tendrán voz y voto en las decisiones concernientes al nuevo organismo, y se estima que los líderes de cada Partido Político, así como los representantes del poder legislativo (diputados y senadores), tendrán derecho solo “a voz” en cada una de las decisiones, según consta en el anteproyecto.

 

El consejero presidente tendrá posibilidad de ostentar el cargo sólo por seis años, mientras cada uno de los consejeros electorales sólo tendrá derecho de hacerlo por nueve años; designaciones que serán renovadas de forma escalonada, sin tener posibilidad a ser reelectos en los puestos.

 

Para tal fin, cada uno de los diez consejeros electorales será elegido sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los legisladores de la Cámara de Diputados, a propuesta de cada grupo parlamentario, previa realización de “una amplia” consulta ciudadana, según describe el proyecto.

 

Con relación a los recursos financieros, materiales y patrimoniales, así como los trabajadores adscritos al IFE –quienes conservarán sus derechos laborales- , pasarán a formar parte del nuevo Instituto Nacional Electoral, de manera inmediata tras la creación del órgano, según contempla la iniciativa de ley.

 

EL INE

 

Para el Instituto Nacional Electoral se proponen:

10 consejeros con voz y voto. Podrán permanecer en el cargo hasta 9 años

1 presidente con voz y voto. Podrá permanecer en el cargo 6 años

Los legisladores (senadores y diputados) tendrán voz pero no voto.