La Asamblea Legislativa del Distrito Federal está por iniciar la discusión de una Ley de Movilidad. Actualmente, la capital del país cuenta con una Ley de Transporte, principalmente orientada a regular los servicios concesionados de transporte público. Con la legislación en materia de movilidad se espera que suba de nivel la protección al peatón.

 

Una diputada del PAN, Laura Ballesteros, ya presentó una iniciativa, en términos generales llena de buenas intenciones, sobre todo con respecto a los peatones, pero todavía sin los elementos adecuados para garantizar su protección. Se espera que también haya una iniciativa de la mayoría perredista.

 

Asimismo, el tema se viene abordando en otros congresos estatales, a veces también con buenas intenciones pero sin una estructura clara de cómo proteger a los viajeros más vulnerables (peatones).

 

Hay dos elementos que me parece fundamental generar en una legislación de movilidad.

 

1. Bajar la velocidad de los automotores.

2. Garantizar el cumplimiento de la ley.

 

México tiene cifras altísimas de accidentes viales. Más de 4 millones de accidentes viales por año, los cuales provocan más de 16 mil muertes. La urgencia de estructurar políticas públicas federal y estatales es tremenda. Uno de los puntos estratégicos es la velocidad: una persona atropellada a 30 km/h muy probablemente sobrevivirá (más del 90% de probabilidad), mientras que una persona atropellada a 70 km/h (velocidad autorizada en muchas avenidas del país) morirá con la misma probabilidad.

 

Toda la vialidad secundaria del país debería volcarse a reducir su velocidad a máximo 30 km/h, y si carece de banquetas o éstas sólo dan cabida a los postes, la máxima debería ser 10 km/h. En las avenidas no deberíamos pasar de 50 km/h. No es capricho, son buenas prácticas internacionales, que al final de cuentas no alcanzan a impactar la velocidad promedio de la ciudad porque en hora pico no pasa de 15 km/h.

 

De nada sirve fijar velocidades bajas si las policías estatales y del Distrito Federal no aplican la ley o sólo la aplican sin una estrategia de protección al peatón. El mayor esfuerzo de sanción debe ser donde está la gente, en los centros históricos, los zócalos de los municipios, cerca de mercados, escuelas, parques o instalaciones deportivas.

 

Velocidades bajas y áreas peatonales libres garantizadas por sanciones a todos los infractores. Miles de vidas se salvarán con esta política y las ciudades serán más agradables.

 

En el caso del Distrito Federal hay una cantidad tremenda de automóviles estorbando el espacio del peatón en vialidades de todos los tamaños. Si la vía tiene banquetas amplias, hay un auto completo sobre ellas; si las tiene angostas, hay medios autos por doquier, nunca menos de tres en cada cuadra. Hagan cuentas. Tenemos unos 10 mil kilómetros de vialidades. Esta situación ocurre en ambos márgenes de cada vía. Esto es un problema, pero también el que la autoridad no lo vea.

 

Más de 250 mil vehículos estacionados en banquetas, cruces de peatones, plazas, senderos, cocheras y rampas para personas con discapacidad. Hay particulares que se han fabricado sus propios carriles de acceso en la banqueta. La indiferencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ante este problema es inaudita. Insisto, un cuarto de millón de vehículos motorizados se estacionan en áreas peatonales y ni Jesús Rodríguez Almeida ni sus predecesores mueven un dedo, el jefe de gobierno no mueve un dedo. Pues entonces la ley debe imponer sanciones a las autoridades indolentes.

 

Si la Ley de Movilidad del Distrito Federal no baja las velocidades y no impone sanciones a los que no sancionen, estará condenada al fracaso. Cualquier ciudadano debe tener el respaldo de la autoridad para que se sancione a un infractor; hoy eso no ocurre: los policías ignoran al ciudadano que les pide sancionar a un infractor. La única salida es sancionar a la autoridad por no sancionar a los infractores.