TIJUANA. Posible peculado, fraude maquinado y conflicto de intereses son los delitos en los que habría incurrido el candidato a la gubernatura de Baja California Francisco Vega de Lamadrid, según documentos presentados ayer por el senador Héctor Yunes Landa, delegado general del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esta entidad y la diputada local Nancy Sánchez Arredondo, presidenta del mismo partido en el estado.

 

Los priistas dieron a conocer las pruebas documentales que sustentan la denuncia de hechos presentada contra el candidato de la coalición Unidos por Baja California por la “autoventa” de un terreno municipal del fraccionamiento Villa Fontana, al este de Tijuana.

 

Según Yunes Landa y Sánchez Arredondo Vega de Lamadrid fue a través de un tercero que se vendió un terreno de más de ocho mil metros cuadrados, hecho negado por los panistas.

 

Estos terrenos sirvieron para edificar allí el Centro Comercial Aranjuez, ahora propiedad del supuesto comprador Enrique Victoria Espinoza, sus hijos Ericka Olivia y Enrique Victoria Galvan; las hermanas Gloria Elena Vega Gómez, los hermanos Enrique Alejandro y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Zaira Vega Labastida y Zarema Vega de Labastida.

 

Yunes Landa, junto con Jorge Schiafino Insunza, delegado de la CNOP del PRI, establecieron que a pesar de las negativas, las pruebas presentadas son contundentes y las autoridades deben actuar conforme a derecho, de manera expedita.

 

“A los panistas les da el síndrome de la salida del cargo, cuando entregan concesiones, venden terrenos o dan permisos de casinos”, expresó Yunes.

 

Los representantes partidistas presentaron una escritura emitida por el Notario Público Número 14 de Tijuana, Arturo Blas Elizondo Corral que da fe del contrato de compraventa entre el décimo sexto ayuntamiento de Tijuana, por conducto de su presidente municipal Francisco Arturo Vega de Lamadrid, su secretario Salvador Morales Riubí y la Oficial Mayor, la contadora Loreto Quintero Quintero.

 

Este contrato del que otorgaron fotocopias, contempla como comprador al contador Enrique Victoria Espinoza de dos fracciones con una extensión de 17 mil 361.93 metros cuadrados (lotes 4-C1 y 4-C2 de la manzana 10 del Desarrollo Urbano del Ejido Matamoros) por ocho millones 143 mil.149 pesos y 70 centavos.

 

El contrato fue celebrado el 28 de noviembre del 2001, dos días antes de concluir el mandato de Vega de Lamadrid y registrada la escritura 19 mil 319, del volumen mil 422, destacó Yunes Landa.

 

Además presentó un documento de la Dirección de Catastro municipal, fechada el 10 de octubre del 2008, donde se demuestra que el lote 4C-2 de ocho mil 326.24 metros cuadrados (con un valor original de dos millones 639 mil 418 pesos), está inscrito a nombre de Zarema Vega Labastida con un valor fiscal de 11 millones 656 mil 736 pesos, más de cuatro veces el valor de venta, dijo Nancy Sánchez.

 

Según un contrato de arrendamiento presentado, las familias Victoria y Vega, son los beneficiados por esta transacción que se plantea como ilegal realizada por el ahora candidato de la alianza Unidos por Baja California, dijo el senador Yunes.

 

El delegado general del PRI en Baja California, criticó la cerrazón a la hora de informar del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del gobierno estatal panista que niega copias de los documentos solicitados.