Nada se sabe de los más de 30 millones de dólares que recibió en 2009 Georgina Kessel Martínez cuando fungió como titular de la Secretaría de Energía (Sener) para “dotar” de electricidad a más de 50 mil viviendas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
El servicio nunca se prestó a casi 400 mil mexicanos y, al no haberse realizado las obras, el asunto ya está en manos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y pronto podría llegar a la Procuraduría General de la Republica (PGR) por decisión de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La historia es la siguiente:
En 2009 el Banco Mundial (Internacional Banck for Reconstrucction and Development) transfirió al gobierno mexicano dicha aportación en dólares etiquetados en dos rubros: 15 millones como “préstamo” y una cantidad similar en “donación”, con la intención de que la dependencia mexicana cumpliera con el proyecto denominado Servicios Integrales de Energía.
Dicho proyecto –formulado en 2005, cuando el Felipe Calderón Hinojosa fungía como titular de la dependencia federal– contemplaba que entre 2001 y 2006 la demanda de energía eléctrica en el país aumentaría 6.3 por ciento, y quedarían cinco millones de habitantes sin este servicio, según las estimaciones que previó la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) en aquellos años.
Por este motivo, la ex titular Kessel Martínez y el ex presidente Felipe Calderón aceptaron el préstamo y la donación a fin de dotar “de la infraestructura eléctrica para elevar la cobertura, calidad y competitividad del país” tal y como lo preveía el Plan Nacional de Desarrollo 2007-20112, situación que no sucedió, según reportes preliminares de la ASF.
“La Cuenta Pública 2011 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) informó que el proyecto no se había iniciado debido a la deficiente planeación; y los recursos no se utilizaron para la operación del proyecto ni se canalizaron a la Comisión Federal de Electricidad para ejecutar el Programa de Electrificación Rural”, detalló José Luis Muñoz Soria (PRD), y entregó copias del punto de acuerdo que se presentará para que Kessel responda.
El legislador, quien también preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, lamentó que –los recursos pactados con el Banco Mundial para beneficiar a más de 250 mil habitantes de la zona sur del país– hasta el momento se desconozca su destino.
A pesar de que el plazo vence en diciembre próximo, Muñoz Soria recalcó que se corre el riesgo de que prescriba el convenio y que el gobierno federal no tenga solvencia para devolver el total de los recursos, incluso, los intereses que se han generado hasta este 2013.
“Los rendimientos financieros que han arrojado los 30 millones de dólares superan el millón 350 mil dólares por año, y no se ha puesto en marcha algún plan para la recuperar el costo financiero que genera”, finalizó el también integrante del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Todos estos elementos, anunció a 24 HORAS, serán presentados este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar de una investigación penal y sancionar a los responsables.