Aun cuando la laicidad del Estado mexicano está establecida en el artículo 40 constitucional, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público no establece sanciones para los funcionarios públicos que participan en actos religiosos.
La organización civil República Laica -conformada por otras asociaciones y académicos especializados en el tema- denunció que dicha ley requiere un reglamento donde se establezcan sanciones para los servidores públicos, que vayan desde la amonestación hasta la separación del cargo.
Hasta ahora esta legislación sólo castiga a los ministros de culto, asociaciones religiosas y partidos políticos por mezclar asuntos políticos con temas de carácter religioso.
Sin embargo, este vacío legal permite que los funcionarios de cualquier nivel de gobierno y partido político violen la laicidad de México, acusaron Rigoberto Mata y Rodolfo Echavarría, del Foro Intereclesiástico Mexicano y el integrante de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, respectivamente.
República Laica denunció que en los primeros seis meses de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 12 funcionarios participaron en eventos religiosos activamente; la mitad de ellos involucra a funcionarios priistas, entre ellos al mandatario de la República por acudir a la entronización de Francisco I en el Vaticano.
Pero además están César Garza Villarreal, presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, quien entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo en un evento de iglesias cristianas; César Duarte, gobernador de Chihuahua consagró el estado al Sagrado Corazón de Jesús y pidió perdón por los actos de violencia.
En tanto, Eruviel Ávila y Javier Duarte, gobernadores del Estado de México y Veracruz, en ese orden, acudieron al Vaticano para promover artesanía mexiquense y a una peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe en Nueva York, respectivamente.
Sin embargo, el caso más grave, según la asociación civil, es el de Juan Núñez Perea, en presidente municipal de Tizayuca, Hidalgo, quien condiciona obras y servicios a cambio de que la ciudadanía se convierta al cristianismo, culto en el que participa como pastor.
Todos estos actos violan también el artículo 130 de la Constitución, así como los artículos 1°, 3°, 25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, acusó Echavarría.
Por ello, República Laica presentará una denuncia en contra de los 12 funcionarios, e iniciará exigiendo a la Secretaría de Gobernación, la destitución de Margarita Arellanes, alcaldesa de Nuevo León, quien hace dos semanas entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo.