Los ex gobernadores de Tabasco, Morelos y Chiapas desviaron recursos por cuatro mil 286 millones de pesos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El costo de esa corrupción gubernamental representa al presupuesto del seguro Médico Siglo XXI, de las Caravanas de la Salud, así como de los programas de Prevención y atención de VIH/sida y, de Prevención contra la obesidad y de Atención a personas con discapacidad, señaló Jana Palacios, directora de proyectos de competencia y buen gobierno del IMCO.
“Qué alguien se haya metido ese dinero a su bolsa implicó que ciertos programas estatales y federales no se aplicaran, por ejemplo los anteriores”, comentó la investigadora durante la presentación del estudio sobre las Auditorías Superiores Locales en México.
“Esos cuatro mil 286 millones de pesos por ningún motivo son el total de los desvíos en las entidades federativas por corrupción, ese es un dato que no se conoce y si se lograra obtener nos haríamos famosas”, afirmó.
Actualmente, en la República Mexicana existen 32 auditorías estatales y una federal encargadas de realizar revisiones a los gastos, iniciar procedimientos contra funcionarios y determinar los daños a la hacienda pública.
La corrupción no se va acabar, pero se le puede ir acotando y achicando los espacios, dijo Jana Palacios.
“Sin embargo, las auditorías en México tienen espacios amplios de discrecionalidad y permite que los gobiernos estatales ejerzan el presupuesto como se les dé la gana”.
POLÍTICA
La directora de proyectos del IMCO recordó que la Auditoría de Tabasco no informa a la opinión pública sobre las áreas de gobierno analizadas ni tampoco da a conocer el resultado final de las revisiones del gasto.
“Las leyes no ayudan a que el proceso de fiscalización a que sea exitoso, porque la decisión final sobre sanciones o funcionarios en ocasiones depende de voluntad política”, aseguró Aimee Figueroa, investigadora del Centro de Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Agregó que las auditorías locales no son transparentes, debido a que no publican las sanciones a funcionarios públicos ni el seguimiento a los mismos.
En Chihuahua y Querétaro las Auditorías no pueden determinar responsabilidad de los servidores públicos ni daños a la hacienda pública y en el Distrito Federal los procedimientos de responsabilidad penal sólo se inician a través de la Asamblea Legislativa, dijo Aimee Figueroa.
“En siete entidades federativas, el Congreso es el responsable de iniciar los procedimientos de sanción a los servidores públicos”, acotó la también profesora de la Universidad de Guadalajara.
“En 2010, diez auditores superiores en los estados habían trabajado con anterioridad en la Secretaría de Finanzas locales, lo cual puede verse como un conflicto de interés porque no es posible que ellos mismos evalúen los gasto públicos que autorizaron”, sentenció Jana Palos.
La investigadora del IMCO expuso que las auditorías superiores no son transparentes ni informan a la ciudadanía sobre los resultados de las auditorías practicadas, además las leyes de fiscalización locales tienen deficiencias.
ESCÁNDALO TEMPORAL
“Los gobiernos estales se han acostumbrado a hacer mal uso de los recursos públicos, los ciudadanos se escandalizan temporalmente pero no hay consecuencias legales”, agregó Palos.
En México, 11 entidades federativas que tienen una desestabilización financiera, ya que sus deudas son mayores a sus ingresos, afirmó por su parte Flavia Rodríguez, directora general de finanzas públicas de Aregional.
La investigadora dijo que Coahuila debe cinco veces más de lo que recibe por participaciones federales. Ese estado gobernado por Rubén Moreira también es el de mayor deuda por habitante, ya que cada uno debe 12 mil 800 pesos.
Agregó que Quintana Roo adeuda casi tres veces los recursos que le asigna el gobierno federal, y cada habitante tiene una deuda de siete mil pesos.
Chihuahua, Veracruz, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Distrito Federal, Sonora, Zacatecas y Chiapas son las otras entidades que su compromisos financieros superan sus ingresos, dijo Flavia Rodríguez.
Desde 2009, año de la crisis financiera, las entidades federativas han incurrido en mayor medida al endeudamiento, comentó.
“Esta tendencia continuará si los gobiernos estatales no hacen mayores esfuerzos para incrementar sus ingresos propios y reducir su gasto, principalmente el corriente”, dijo la especialista de Aregional.
“Qué alguien se haya metido ese dinero a su bolsa implicó que ciertos programas estatales y federales no se aplicaran”.
“Esos cuatro mil 286 millones de pesos por ningún motivo son el total de los desvíos en las entidades federativas por corrupción, ese es un dato que no se conoce y si se lograra obtener nos haríamos famosas”.
Jana Palacios, directora de proyectos de competencia y buen gobierno del IMCO