Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) dio carpetazo a gran parte de la averiguación previa que inició la administración anterior por supuesto lavado de dinero en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, el Ministerio Público federal regresó varias de las propiedades y bienes asegurados a los involucrados.
Aunque oficialmente la PGR no precisa detalles, autoridades de la dependencia indicaron que se han devuelto ya, previa acreditación legal de la propiedad, bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias, tanto al ex gobernador Eugenio Hernández, como a otras implicados en el caso, principalmente empresarios.
Entre las propiedades que originalmente le fueron decomisadas a Hernández destacan una casa y un rancho en Tamaulipas, con todo y el ganado: reces, caballos pura sangre y hasta pavorreales.
Fue en 2009 cuando la PGR inició la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 a partir de señalamientos de testigos colaboradores que acusaban a ex gobernadores de Tamaulipas de estar coludidos con empresarios, para conformar una red de lavado de dinero en favor del Cártel del Golfo y los Zetas.
La filtración
El año pasado los detalles de la indagatoria se filtraron públicamente en medios junto con una alerta migratoria, en la que se señalaba a múltiples personas bajo investigación, entre ellas los ex mandatarios Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Manuel Cavazos Lerma.
Como parte de esa indagatoria la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) realizó diversos cateos y aseguró a los sospechosos 11 inmuebles en total, 81 cuentas bancarias con más de cinco millones de pesos y cientos de objetos más.
En agosto de 2012 también se filtró que ya existía una orden de aprehensión en contra de Yarrington y una supuesta ficha roja de Interpol, lo que luego fue confirmado por la entonces procuradora Marisela Morales.
En febrero pasado, la PGR, ya bajo la administración actual, envió al archivo la mayor parte de esta indagatoria, luego de que no se encontraron elementos de prueba sólidos para continuarla. De esta forma ya no se procedió penalmente en contra de Hernández, ni en contra del también ex gobernador Cavazos Lerma, y otros involucrados.
La acusación estaba sustentada en gran parte en los dichos del testigo protegido Pitufo, cuyas aseveraciones tampoco sirvieron para sustentar otros casos de alto impacto como el llamado Michoacanazo o el de los generales vinculados al narcotráfico.
Hasta el momento, según las fuentes consultadas, se ha devuelto ya la mayor parte de lo que se decomisó por este caso o se está en vías de hacerlo.
Al ex gobernador Hernández se le habían asegurado una casa y un rancho en Tamaulipas, con múltiples animales de granja y cuentas bancarias por dos millones y medio de pesos. También había múltiples muebles, semirremolques y piezas de arte.
Otra propiedad que fue decomisada y será devuelta es la llamada Isla el Frontón, ubicada en la zona de Ozuluama de Mascareñas, en Veracruz, y la cual se encuentra a nombre del empresario Antonio Peláez Pier.
En total nueve personas más además del ex gobernador Hernández, reclamaron ya la mayoría de lo asegurado.
Caso Yarrington, atorado
La situación que aún no se resuelve es la del ex gobernador Tomas Yarrington, también involucrado en el caso. La PGR de Marisela Morales consignó el año pasado lo relacionado con su participación en el supuesto lavado de dinero y se giró una orden de aprehensión en su contra y una supuesta ficha roja de Interpol.
24 HORAS publicó que la orden se encuentra bajo revisión de la Procuraduría pero aún no se toma una determinación.
En tanto, su residencia en Matamoros, Tamaulipas, y un departamento en la colonia Bosques de Chapultepec, en la Ciudad de México, continúan asegurados pues hay un litigio en desarrollo.
Este diario pudo corroborar que Yarrington interpuso la semana pasada un recurso de queja en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, asentado en el expediente 27/2013, luego de que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo le negó la ampliación de su demanda de amparo por el supuesto cateo ilegal que realizó la PGR en su propiedad, entre otros aspectos.