Los más de 1 mil 300 millones de pesos que reciben al año los legisladores mexicanos como “apoyos” para que realicen sus labores parlamentarias son una “isla de opacidad”, toda vez, que no dan cuenta del destino y la forma en que se usaron, señalan analistas.
Como informó 24 HORAS el viernes pasado, el Congreso de la Unión destina 1 mil 300 millones de pesos -830 millones de pesos a diputados y 468 millones de pesos para senadores- y los entrega a cada líder de las fracciones parlamentarias, sin que estén obligados a rendir cuentas de su uso.
“Aunque el Congreso exige cuentas y revisa el gasto de los otros poderes de la Unión, no da cuentas de los gastos que sus bancadas ejercen; se trata de una asignatura pendiente que debe corregirse ahora que se discute una reforma constitucional en materia de transparencia en la Cámara de Diputados” sostuvo Luis Carlos Ugalde, director de la consultoría Integralia.
La “Norma para regular la transferencia y control de financieros asignados a los grupos parlamentarios” sólo prevé la entrega de los recursos, mientras que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realiza un “análisis” de los estados contables sobre los montos entregados, sin tener la necesidad de justificar en qué se gastan.
“Las erogaciones mencionadas fueron autorizadas por los Órganos de Gobierno, este tipo de gastos no se ajustan a las medidas de racionalidad y austeridad que rigen el ejercicio del gasto público federal” señaló la ASF en su informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, presentado el año pasado.
En este sentido, María Amparo Casar, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) aseguró que estas cantidades no reflejan la producción de los legisladores, toda vez que esta por arriba de los parámetros de países más desarrollados que México.
“El Congreso –a través de la ASF- es el órgano fiscalizador por excelencia, pero cuando se trata de sus propios recursos no es ejemplo de transparencia ni de rendición de cuentas” finalizó la profesora.