La pinza de las autoridades federales sobre el presunto desvió de recursos públicos que realizó Andrés Granier durante su gestión en Tabasco se cerró. Ayer, un juez federal ordenó su aprehensión a partir de la acusación que formuló la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaria de Hacienda.

 

Los delitos que se imputan al tabasqueño son dos y están relacionados: operaciones con recursos de procedencia ilícita al haber aprovechado dinero público en su beneficio, y defraudación fiscal en consecuencia, pues dichos recursos no fueron declarados al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

 

“Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señala el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el que se sustenta parte de la acusación contra el ex gobernador.

 

En caso de que se le dicte el auto de formal prisión, Granier no alcanzará fianza. Su sentencia alcanzaría hasta los 15 años de prisión por operación con recursos de procedencia ilícita, mientras el fraude fiscal, mencionado en código fiscal, amerita hasta 9 años de cárcel.

 

Hasta el momento, la averiguación previa UEIORPIFM/AP/90/2013 indica que el desvío de recursos durante la administración de Granier alcanzaría, por lo menos, los 989 millones de pesos.

 

Luego de que Granier rindió declaración en calidad de testigo ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el 12 y 13 de junio, se cotejaron los datos que entregó con los que ya estaban asentados en la indagatoria, y se determinó proceder penalmente al persistir las irregularidades.

 

La Policía Federal Ministerial que custodia a Granier, notificó al ex gobernador el cambio de su situación jurídica de testigo a probable responsable en el Hospital Ángeles, donde permanece internado desde hace 11 días por una afección cardíaca.

 

La defensa del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier dijo desconocer el sustento de dichos mandamientos ordenados por un juez federal.

 

En un comunicado, el equipo legal que encabeza el abogado Eduardo Luengo manifestó que se enteraron de dichas solicitadas por la PGR, a través de los medios de comunicación.

 

“Hasta ahora, la defensa no conoce el contenido de estas órdenes de aprehensión, ni en que se basan o cuáles son sus fundamentos”‘ indicaron los abogados.

 

Evalúan traslado y declaración

 

La PGR confirmó ayer que será el juez federal que giró las órdenes de aprehensión, el responsable de determinar si Granier será trasladado o no a un penal federal, a partir de la certificación que se haga de su estado de salud.

 

El juez tiene la facultad de pedir un informe detallado al equipo de especialistas que están a cargo del tabasqueño o incluso ordenar una nueva verificación a través de especialistas del sector salud como pueden ser médicos del IMSS, ISSSTE o incluso de la SEDENA.

 

Entre las opciones que se manejan para recibirlo si esto procede, según fuentes consultadas,  está el Centro Federal de Readaptación Psicosocial en Morelos, el cual cuenta con instalaciones médicas apropiadas.

 

Si por motivos de salud no puede declarar, el juez decretará la suspensión del procedimiento y se aguardará al momento en que pueda hacerlo para que se defina su situación procesal.

 

Culpan a ex tesorero

 

Ante la Procuraduría de Tabasco declararon ayer el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco Sergio López Uribe, y su ex director administrativo Mario Eslava, quienes negaron haber manejado irregularmente recursos federales asignados a su área.

 

En su testimonio como testigo ambos señalaron que era el ex secretario de Finanzas, José Saiz Pineda, el responsable de asignar recursos que se le solicitaron pero nunca fueron entregados.

 

 

DATO

 

Delito: Operación con Recursos de Procedencia Ilícita

Artículo: 400 Bis Código Penal Federal

Pena: 5 a 15 años prisión

 

Delito: Defraudación Fiscal

Artículo: 108 Código Fiscal de la Federación

Pena: 3 a 9 años prisión

 

Nuevo revés legal; rechazan amparo

 

El Quinto Tribunal Colegiado reiteró la negativa del juez Decimoprimero de Distrito de Amparo Penal en contra de la suspensión provisional de la orden de arraigo que solicitó el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo.

 

La defensa del inculpado interpuso un recurso de queja en contra de la resolución del juez federal de amparo, quien negó la suspensión de la orden a arraigo girada por un tribunal con sede en Tabasco.

 

El quejoso, al ser notificado de la medida precautoria en su contra, quedará a disposición del Juzgado Decimoprimero de Distrito, “en el lugar donde las autoridades responsables lo determinen”, y no de las autoridades que reclaman su presencia, en éste caso, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco.

 

Los magistrados argumentaron que dicha determinación se tomó para evitar posibles violaciones “de difícil reparación” a las garantías individuales y derechos humanos de Granier Melo, ya que podría restringirse su derecho a la libertad personal y a la salud, al encontrarse en un hospital.

 

Anteriormente, Granier Melo solicitó la protección de la justicia federal  en contra de cualquier acción judicial promovida por el procurador estatal, quien solicitó  la orden de arraigo.

 

Dicha acción no significa que haya una suspensión del arraigo en contra del ex gobernador y no impide que se ejecute en el DF o en Tabasco, aunque se aclaró  que se deberá compaginar con el diagnóstico médico sobre la salud del ex gobernador.