RÍO DE JANEIRO. Una dura sacudida es la que ha vivido el pueblo brasileño en las últimas semanas, cuando estudiantes, en su mayoría universitarios, se lanzaron a las calles en denuncia del aumento de las tarifas de transporte, arrancando a esa inmensa nación, de su idílico boom macroeconómico, liderazgo geopolítico y balompié Verdeamarela que maravillaba a todo el mundo.
Ha sido el Movimiento Pase Libre (MPL) que lidera las protestas y que surgió en los movimientos antiglobalización en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2005, el que reclama la tarifa cero en el transporte público y que a través de las redes sociales ha convocado a la ciudadanía a protestar no sólo contra la alza a las tarifas, sino por una libre movilidad y acceso a servicios públicos de calidad.
Atónitos han dejado estos jóvenes a los políticos brasileños tanto gubernamentales como opositores, en especial a la presidenta Dilma Rousseff quien antes de las protestas tenía aprobación del 75% y ahora ve sucumbir su sueño de reelegirse en las presidenciales de octubre del próximo año.
Quizá sea por ello que ayer propuso la realización de un plebiscito para llevar a cabo una reforma política en el país, en respuesta a la ola de protestas. La mandataria anunció un plebiscito “que autorice un proceso constituyente específico para la reforma política”, en una reunión con gobernadores y alcaldes en el Palacio do Planalto, la sede presidencial.
También anunció tras reunirse con representantes del grupo de activistas que su gobierno gastará unos 23 mil millones de dólares adicionales en el transporte público
“Voy a insistir en un referéndum para la elección de una asamblea constituyente encargada de la reforma política”, dijo después de las conversaciones con los gobernadores y alcaldes de la ciudad, y una reunión con los líderes de la protesta.
La mandataria no proporcionó detalles sobre dónde ni cuándo tendrían lugar los nuevos gastos, y líderes del grupo de activistas dijeron que no recibieron promesas concretas sobre los pasos que se darán. Agregaron que continuarán las protestas hasta que consigan su objetivo de que el transporte público sea gratis.
Las protestas sucedieron días antes y durante la Copa FIFA Confederaciones conocido ensayo general del Mundial de Fútbol 2014, el cual fue programado en seis ciudades (Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Río de Janeiro Salvador y Sao Paulo).
Incluso la presidenta Dilma Rousseff, fue abucheada en el estadio de Brasilia al declarar inaugurada la Copa FIFA Confederaciones 2013 junto al presidente de la FIFA Joseph Blatter. Para la mayoría de los habitantes de Brasil, los 30 mil millones de reales (unos 13,3 mil millones de dólares) del erario público para la renovación y construcción de 12 estadios eran demasiado gasto que hubiera sido mejor destinado al sistema de salud, educación y del transporte público.
A medida que ha estado creciendo la protesta, aumentaban también las reivindicaciones del pueblo exigiendo bajar los impuestos que consumen el 37% del salario en condiciones cuando el Estado pierde anualmente 47 mil millones de dólares en la evasión de impuestos. Por su parte la Asociación Nacional de los Comités Populares del Mundial (ANCOP), la Resistencia Urbana y el Movimiento de Trabajadores y Trabajadores Sin Techo de Brasil exigieron transparencia en el uso del dinero público destinado al Mundial y acusaron al gobierno en crear las condiciones para la explotación empresarial del fútbol.
¿Quién se hubiera imaginado que el pueblo brasileño declarado y confesado el amante más grande en el mundo del fútbol exigiría alguna vez a su gobierno gastar menos en su deporte favorito y más en salud y educación?
Según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, la pobreza se ha reducido del 37.5 al 20.9 por ciento y la indigencia del 13.2 al 6.1 por ciento, lo que significa que unos 30 millones de brasileños han ingresado en la capa de la clase media baja mejorando su poder adquisitivo. Se calcula que actualmente el 53 por ciento de los brasileños (unos 104 millones de habitantes) forman parte de la clase media en comparación al 38 por ciento de hace una década.
En estas condiciones, un movimiento social como el de los indignados de ahora podría fácilmente ser enrumbado al retorno del pasado durante las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en octubre de 2014.
BRASIL EN MEDIO DEL DESCONTENTO SOCIAL
Brasil ha sido considerado el más democrático de los denominados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que son economías emergentes que comparten elementos estratégicos como: su gran población, enorme territorio, colosales recursos naturales cuyo Producto Interno Bruto ha crecido notablemente y que en los últimos años han participado en el comercio mundial y son atractivos para las inversiones globales.
Que en Brasil surgiera un movimiento de Indignados con gran fuerza por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao Paulo revela la profundidad del descontento social. Para el politólogo argentino Atilio Borón, el reclamo detonó porque ese incremento equivale a más de la cuarta parte de los ingresos de la mayoría de habitantes en Sao Paulo y que se combinó con la pésima situación de los servicios de salud pública, un “sesgo clasista y racista” del acceso a la educación y, por supuesto, la corrupción gubernamental. Este rubro, un desafío constante para la mandataria Dilma Rousseff quien tuvo que despedir a varios ministros por esa causa en el pasado.
Por otra parte, detrás de las oleadas de manifestantes en las ciudades brasileñas está el reclamo de sectores importantes por la falta de atención del gobierno. Tal es el caso del Movimiento Sin Techo, que expone cómo unas 50 mil personas han sido desposeídas de su vivienda, mientras el gobierno decide utilizar gran parte del presupuesto para financiar un campeonato de futbol. Esa omisión a la sociedad es la que ha desencadenado el malestar de miles de personas que exigen el fin de la división y desigualdad en el país considerado el más democrático de los BRICS.