Aunque la CNDH registró un incremento de 500 por ciento en las quejas por tortura durante el sexenio pasado, a la fecha ninguno de los responsables ha sido sometido a juicio, denunció el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto Cárdenas Villerello, en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
Tan sólo en lo que va de 2013 se han registrado ocho quejas de tortura contra las áreas de procuración de justicia de Michoacán y no existe consignación alguna derivada de la falta de denuncia penal, sólo el registro lo tienen las Comisiones de derechos humanos.
Hoy en el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, las estadísticas muestran que México no ha avanzado en el combate a la impunidad en este delito, tampoco en la atención a víctimas. El investigador Jorge Álvarez Martínez, jefe del Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de Desastres Naturales y Sociorganizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM, indicó por su parte que las técnicas utilizadas en la tortura se actualizan con el fin de quebrantar la resistencia y moral de la víctima, para dejarla en el estado de indefensión, terror, humillación y miseria.
“La tortura es un fenómeno extremo que causa demasiadas implicaciones (…) incluso se han detectado tratos inhumanos en los Centros de Readaptación Social, derivado de que registran poco presupuesto y una muy alta población”, puntualizó Germán Martínez Ramos, coordinador del Centro de Estudios y Divulgación de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán.
Reclusas sufren carencias
Entre 1997 y 2012 la población femenina en las cárceles del país se incrementó 167.62 por ciento, lo que resultó en una sobrepoblación que va de 12 a 97 por ciento en algunos centros penitenciarios, por lo que alrededor de 11 mil 901 mujeres viven en condiciones de hacinamiento y carencias.
La infraestructura de esos penales, denunció la CNDH, carece de equipamiento y condiciones propias para la atención de sus necesidades.
En su Informe Especial sobre Mujeres en Reclusión, la Comisión observó que en los centros penitenciarios que alojan población femenil y varonil no existe una adecuada separación de género, particularmente en las áreas de ingreso y observación. Además, al ser más numerosa la población masculina, las internas carecen de acceso a servicios médicos especializados o instalaciones como patio, aulas, talleres y áreas deportivas.
La CNDH también reveló que durante los cateos las reclusas son despojadas de su uniforme y permanecen en ropa interior frente a los oficiales, situación que también se lleva a cabo cuando acuden a los juzgados.
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