ROMA. Un sacerdote responsable de la contabilidad de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), un agente de los servicios secretos y un broker fueron detenidos hoy en Italia acusados de corrupción y fraude, informó la guardia de finanzas, la policía fiscal.
Portavoces de ese cuerpo dijeron que los detenidos son el cura Nunzio Scarano, de Salerno (sur), responsable de contabilidad analítica de la APSA, además del agente de los servicios secretos italianos Giovanni Maria Zito y el broker financiero Giovanni Carenzio.
Indicaron que el prelado ya es indagado en Salerno por lavado de dinero y que los tres fueron arrestados por militares del Núcleo Especial de la Policía Monetaria de la guardia de finanzas.
Precisaron que las ordenes de custodia cautelar fueron firmadas por la juez Barbara Callari bajo pedido de los fiscales Nello Rossi, Stefano Rocco Fava y Stefano Pesci.
Medios locales informaron que el caso judicial está relacionado con un acuerdo entre Scarano y Zito para repatriar desde Suiza 20 millones de euros en efectivo -propiedad de amigos del sacerdote- en un jet privado.
Según las fuentes, por ese servicio Zito fue recompensado con 400 mil euros.
El pasado 14 de junio el prelado fue inscrito en el registro de indagados en Salerno, al lado de otras 56 personas, por el delito de reciclaje de 560 mil euros.
Conocido como “monseñor 500”, por su amplia disponibilidad de billetes de 500 euros, Scarno reside en Roma y antes de tomar los votos, a los 26 años, era un funcionario bancario.
En el Vaticano, sin embargo, trabajaba en el sector inmobiliario a través del APSA, el ente encargado de la administración del patrimonio económico de la Sana Sede.
El sacerdote tenía una cuenta en el Instituto de Operas Religiosas (IOR), conocido popularmente como el banco del Vaticano, aunque su arresto forma parte de un expediente autónomo respecto a la más amplia indagación por reciclaje de dinero de la fiscalía de Roma contra ese ente.
Apenas el miércoles pasado el Papa Francisco ordenó la creación de una comisión para investigar la situación económica y jurídica del IOR.