WASHINGTON.- A cuatro días de que Edward J. Snowden, el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) que huye de la justicia estadunidense, arribara a Rusia y se ocultara en algún lugar del aeropuerto ruso de Sheremetyevo, el diario británico The Guardian reveló dos documentos secretos que muestran el marco legal con el la ASN operó su extenso espionaje en internet y teléfonos entre 2001 y 2011.

 

Ambas órdenes contemplan que tanto la ASN y el FBI acopien la información sobre ciudadanos de EU “si lo hacen de forma inadvertida”,  si es útil para inteligencia o para evitar daños inmediatos. Además, les da acceso al contenido de las comunicaciones de los servidores de internet y números telefónicos de las personas vigiladas para determinar el origen de la llamada o del correo electrónico.

 

Se trata de dos órdenes firmadas por Eric Holder, el Secretario de Justicia de EU. Ambos se expidieron al amparo de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) que existe desde 1978 para vigilar a los agentes de inteligencia extranjeros. Con ambos documentos las agencias de inteligencia estadunidenses recolectaron gran cantidad de información desde 2001 –cuando se lanzó el programa de vigilancia electrónica y telefónica- hasta fines del 2011, cuando concluyó ese programa.

 

La primera orden, detalla que la ASN puede espiar a un ciudadano “no estadunidense” con la garantía de los datos de los estadunidenses involucrados no serán almacenados, tal como lo establece la Constitución.

 

Con esa autorización la ASN y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) acceden y registran las comunicaciones de ciudadanos o residentes permanentes en el país cuando establecen contacto con un extranjero. Ambas agencia retienen toda la información que captaron y cuando hay un estadunidense afectado por la vigilancia, se elimina su nombre.

 

La segunda orden, también clasificada “secreto” (top secret), explica los procesos para reducir la “adquisición, retención, uso y diseminación” de información de ciudadanos estadunidenses.

 

La revelación que hicieron el jueves los periodistas Glenn Greenwald y Spencer Ackerman en The Guardian, también indica que bajo el programa de vigilancia amparado por la FISA, autorizaba la recolección de la información que se obtuviera tras acceder a los protocolos de las direcciones de internet (IP) que usan los residentes en EU cuando envían correos electrónicos – que puede revelar su ubicación física-, sin incluir el contenido de esos correos.

 

La colección del programa metadata de internet que autorizó la FISA, concluyó en 2011 por razones operativas y de recursos, afirmó el director de comunicaciones de la Oficina de Inteligencia Nacional (ODNI), Shawn Turner, a los periodistas británicos.

 

Mientras se conocía el alcance de estas órdenes, el presidente de EU, Barack Obama aseguró desde Senegal que comprende que la historia del ex técnico de la Agencia Central de Inteligencia Edward Snowden, “es fascinante desde la perspectiva periodística. Estoy seguro de que habrá una película para televisión” al respecto. Sin embargo, agregó que “el daño estaba hecho” por las primeras filtraciones y sentenció: “usaré los todos los canales para detenerlo”. Redacción

SIDE: Los dilemas de Ecuador

El país que sería el refugio del fugitivo estadunidense Edward Snowden enfrenta tres dilemas. El primero, que debe esclarecer si expidió o no un salvoconducto para el ex analista del 22 de junio de 2013, que el miércoles difundió Univisión, presuntamente firmado por Fidel Narváez Narváez cónsul de Ecuador en Londres.

El segundo, es lo que le depara luego de renunciar “unilateral e irrevocable” a las preferencias arancelarias que le concede EU a los países andinos que combaten el narcotráfico. Esa renuncia la anunció el jueves el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien afirma que su país no acepta “presiones ni amenazas de nadie” y acusó a EU de usarlas para chantajear. Ecuador “no comercia con los principios ni los somete a criterios mercantiles por importantes que estos sean” y denunció que las preferencias se convirtieron en un nuevo instrumento de chantaje.

En días pasados el canciller Patiño explicó que en el estudio de la solicitud de asilo a Snowden su gobierno “analizaría todos estos riesgos”, inclusive la posibilidad de que resulte perjudicado el comercio con Estados Unidos y la economía de Ecuador. Se calcula que unos 400 mil empleos dependen de ese beneficio que afecta a poco más de 700 productos de ese país. Ese programa, vigente desde 1991, vence el próximo 31 de julio y sólo el Congreso de EU puede extenderlo mediante una prórroga.

 

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