Mientras la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, viuda de su antecesor, Néstor Kirchner, pide a la ciudadanía 10 años más al frente del gobierno para superar 50 años de atraso, la controversia por el enriquecimiento de la pareja presidencial y otros funcionarios cobra fuerza e involucra a la Corte Suprema el fisco argentino.
Como parte de la conocida Guerra entre la mandataria y el grupo de medios de comunicación más grande de Argentina, El Clarín, se dio a conocer que la fortuna de los Kirchner se ha incrementado 46 veces desde que ambos ocupan cargos públicos, con base en irregularidades que surgen de la especulación.
El periodista Jorge Lanata dijo en su programa televisivo que tuvo acceso al expediente de la primera causa de enriquecimiento ilícito que se abrió en la Justicia Federal en junio del 2004, un año después de que Néstor Kirchner, expresidente argentino, llegara a la Casa Rosada.
En ese expediente estaban las declaraciones de bienes personales presentadas por Néstor Kirchner, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre 1995 y 2003.
El año que llegó a la presidencia, declaró ante la AFIP una renta exenta de impuestos por 3 millones 730 mil dólares; de acuerdo con lo reportado por El Clarín, expertos en finanzas admitieron que no existe negocio ni inversión declarada que le permitieran al matrimonio Kirchner obtener esa elevada renta
Posteriormente la prensa opositora publicó versiones anónimas sobre un supuesto chantaje al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por parte de la AFIP, que estaría investigando sus bienes y sus declaraciones patrimoniales.
El organismo recaudador desmintió tal investigación, pero diputados oficialistas advirtieron que, aún y cuando existiera, no habría ningún problema, ya que Lorenzetti es un ciudadano sujeto a las leyes fiscales como todos.
La Corte zanjó el episodio con la emisión de un comunicado firmado por todos sus miembros, en el que informó que se reuniría con funcionarios de la AFIP para aclarar los trascendidos.
El escándalo todavía ocupaba las portadas de los medios de comunicación, cuando el diputado kirchnerista Carlos Kunkel presentó una denuncia penal contra siete jueces por supuestos nombramientos indebidos.
La Corte Suprema argentina ordenó el pasado jueves a sus funcionarios que aclaren con el fisco la investigación a la que estaría siendo sometido el presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, contra quien el gobierno ha elevado últimamente sus críticas en el marco del enfrentamiento que mantiene con el Poder Judicial.
El enfrentamiento que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández mantiene con el máximo tribunal desde hace unos meses se intensificó después de que la semana pasada la Corte declaró inconstitucional uno de los principales ejes de la controvertida reforma judicial impulsada por el gobierno.
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