La Procuraduría General de la República (PGR) desplegará esta semana a un equipo de al menos 25 agentes del Ministerio Público a 14 entidades del país, para reforzar la cobertura de las denuncias que pudieran presentarse durante el proceso electoral que se realizará el próximo 7 de julio.
Se trata, de acuerdo con autoridades de PGR, de agentes especializados en delitos electorales que reforzarán la labor que se realizará en las delegaciones estatales. Todo ello bajo coordinación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Además, desde las instalaciones de la Fepade en la capital del país se operarán los servicios de denuncia telefónica (Fepadetel) y por internet (Fepadenet) para recibir los reportes de posibles irregularidades electorales.
Lo que hasta el momento la PGR no tiene contemplado es el desplazamiento de unidades móviles para la atención de denuncias en áreas de difícil acceso, como si se hizo en las elecciones de hace un año.
Tampoco se tiene previsto el desplazamiento de elementos de la Policía Federal Ministerial a alguno de los estados del país.
Ojos en vías federales
Por otro parte, en la Policía Federal informaron que se trabajará con los elementos y desplazados en los distintos estados para tareas de seguridad en zonas y vías federales, y sólo se intervendría en caso de que haya una solicitud expresa de apoyo.
La única modificación es que se cancelarán guardias y descansos el domingo para tener toda la fuerza operativa lista.
El sábado pasado se llevó a cabo la primera reunión de procuración de Justicia Electoral, con funcionarios de la PGR y los procuradores de las entidades donde habrá elecciones: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En dicho encuentro la PGR y las procuradurías acordaron las acciones de coordinación para la cobertura de los comicios, y se detalló el despliegue federal que estará poniéndose en marcha.
También se definieron algunos planes de capacitación en conjunto con el instituto nacional de Ciencias Penales para próximos comicios.
¿Qué son los delitos electorales?
Los delitos electorales son aquellas conductas previstas como prohibidas en el Código Penal Federal y en los códigos penales locales, y que ameritan una sanción de tipo penal, que generalmente significa una multa y un periodo en la cárcel que casi siempre puede ser sustituido por una fianza.
Estos ilícitos pueden ser cometidos tanto por funcionarios electorales, como por candidatos, servidores públicos, ministros de culto religioso o por ciudadanos en general.
El tratar de coaccionar el voto o aprovechar programas sociales para promocionar el voto, son algunos de los delitos electorales más comunes. La mayoría son ilícitos no graves que alcanzan fianza.