Mony de Swaan comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones enlista las diferencias entre el órgano regulador que agoniza tras 16 años de vida y el nuevo Instituto Federal en la materia que se está gestando.

 

La Cofetel nació a contracorriente, enfrentando oposición institucional, fragilidad presupuestal y un diseño que la privó de facultades para en verdad, regular un sector de gigantes corporativos.

 

Pero se niega a poner como pretexto esas debilidades y señala que hubo temas que se pudieron atacar y no lo hicieron por razones que él desconoce y que sus antecesores sabrán.

 

Un ejemplo es la reciente resolución del pleno sobre la consolidación de Áreas de Servicio Local (ASL) en telefonía fija para que las zonas consideradas de larga distancia se reduzcan en 2 años de 397 a 172.

 

El maestro en política comparada por la London School of Economics señala que el tema se remonta a 1998, cuando también se dispuso de un plazo de 2 años para esa consolidación. Entonces la medida fue recusada legalmente y hace un par de semanas se resolvió el expediente en firme:

 

“Siempre hay dos lecturas en esto, hay quienes dicen que se protegió a la empresa telefónica para que siga cobrando como llamada de larga distancia enlaces en zonas conurbadas, y otra, que por fin y luego de 15 años se resolvió el tema…”.

 

Los plazos de aplicación en el sector telecomunicaciones están alineados a parámetros internacionales en ese caso y en otros por igual.

 

El apagón analógico en Tijuana, la primera ciudad en migrar hacia la Televisión Digital Terrestre en el país, y que tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2015 para esa transición, merece una explicación que resulta reveladora cuando se compacta.

 

Una vez establecido el calendario y la ruta de trabajo para la digitalización, la Cofetel solicitó en 2010 al Congreso el presupuesto correspondiente.

 

La respuesta no sólo fue negativa, sino que se le prohibió hacer nada debido a la celebración, al año siguiente, de elecciones en el Estado de México ya que supuso para algunos, que el gobierno federal panista regalaría pantallas para incidir en los comicios.

 

Nada pasó y el PRI ganó lo que muchos presagiaron como la antesala a la presidencia.

 

La Comisión insistió en 2011 con la solicitud de recursos y la respuesta fue nuevamente un rotundo “no” por la inminencia de las elecciones federales.

 

No se avanzó y con el calendario encogiéndose, el propio presidente de la Cofetel vaticinó con ironía profética:

 

“A ver si en 2013 no nos dicen que interferirá con la elección local”.

 

Le atinó. En mayo de este año, la Cofetel solicitó por escrito al Instituto Electoral de Baja California su opinión sobre la viabilidad de la transición digital. Respondieron que no afectaba y el IFE se pronunció un día después del malogrado apagón, nunca antes.

 

“Se montó la versión de que 162 mil habitantes habían desconectados en Tijuana, campaña auspiciada entre otros por Javier Tejado, abogado y asesor de Televisa, luego la SCT abrió una ventanilla para atender el caso tras la postergación del apagón, hoy las solicitudes recibidas por la secretaría rebasan apenas las 10 mil. ¿Dónde quedaron los 162 mil afectados?”, pregunta el entrevistado.

 

Ahora el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá, para empezar, recursos económicos propios y suficientes por Ley. Contará con atribuciones mucho mayores en profundidad y alcance.

 

Mony de Swaan recuerda dos estudios internacionales recientes sobre la capacidad orgánica de la Cofetel. Uno de la OIT (Organización Internacional de Telecomunicaciones) y otro más de la OCDE de hace 3 años en el cual se señala que, mientras el órgano regulador británico contaba con 38 atribuciones, el mexicano llegaba a nueve.

 

Hay que reconocer, dice De Swaan Addati, que la reforma pondrá a México mucho más cerca de las mejores prácticas internacionales en la materia.

 

“Y hay quienes con mezquindad opinan que se pudo hacer más”.

 

Hoy, a la agonizante Cofetel le corresponde contribuir con profesionalismo a que el naciente IFT pueda cumplir con los plazos que la reforma le impone en varios temas, las licitaciones y la agenda de la transición digital entre otros.

 

Mony de Swaan, comisionado presidente, no quiere decir si se inscribió o no como aspirante a uno de los siete nuevos puestos que el Comité de Evaluación está procesando.

 

En cambio dice que ha dado instrucciones para que se revisen los asuntos que al IFT corresponderá atender para que en ellos no se altere nada, y en todos los demás, se avance.

 

Tareas sobran: las bases técnicas para las licitaciones, los espacios físicos necesarios para siete comisionados y sus respectivos equipos de trabajo en lugar de los cinco de Cofetel, hasta el dominio de la página de internet del órgano y la transferencia de sus cerca de 600 empleados a una nueva entidad administrativa autónoma.

 

Quedan para el anecdotario institucional los casi 14 años en que la Cofetel no tuvo una sede adecuada para integrar sus labores y que estrenó hace año y medio, o el alto índice de jubilaciones que le toca absorber pues la SCT envía a trabajadores sindicalizados, que si bien aportan experiencia, también se convierten en una sangría laboral permanente.

 

Igual las modificaciones implementadas en materia de transparencia para hacer pública la agenda de cada pleno, con la excepción de aquellos asuntos sin concluir y que propician amparos ya que sus resoluciones son atacables, no como las de la SCJN o como serán, las del nuevo IFT.

 

Mony de Swaan es partidario de comisionados multidisciplinarios y no temáticos para que, a través de un sistema de ponencias, todos transparenten el sentido de sus votos y decisiones.

 

Finalmente, el nuevo IFT podrá obligar a los regulados a desincorporar activos sustanciales para cumplir con las nuevas reglas, de televisoras y de telefónicas podrá recuperar concesiones, frecuencias y espectro radioeléctrico que hoy tienen sub-utilizados.

Con la infraestructura que el Estado recupere y habilite, se tendrá mayor oferta de servicios. Toda transición y mejora para el consumidor implica pérdidas de valor para los regulados, pero deberá de prevalecer la transferencia de esa riqueza a la población usuaria.