El proyecto de reforma energética del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no prevé modificar la Constitución pero sí la Ley Reglamentaria del Artículo 27, para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al financiamiento privado y restarle autonomía mediante la supeditación presupuestaria al Congreso de la Unión.
Dice el documento, del cual 24 HORAS tiene copia:
“Para financiar su presupuesto de gasto de inversión, la empresa pública de carácter productivo dispondrá de los recursos propios, más los financiamientos que estime necesarios, para completar sus inversiones y hayan sido aprobados por el Congreso de la Unión”.
La participación empresarial la prevé en los siguientes términos:
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas, físicas o morales, dando preferencia en igualdad de condiciones a las de nacionalidad mexicana, los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere”.
Los legisladores federales perredistas sostienen que “aquellas remuneraciones que en los dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten prioridad sobre los hidrocarburos”.
En cuanto el presidente Enrique Peña habló de dar garantías constitucionales a los inversionistas particulares, la izquierda en su conjunto puso el grito en el cielo y se opuso a cualquier reforma a la Carta Magna. En su lugar escoge la Ley Reglamentaria con la idea de abordar el tema en el período extraordinario de sesiones en preparación.
Principal reto
Además, el Grupo Parlamentario, que dirige Silvano Aureoles Conejo, prevé que el problema principal de la paraestatal no está en la falta de recursos, sino en el régimen fiscal en el que se encuentra, por lo que se platea que Pemex funcione como empresa y deje de estar sujeta a los criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“La carga fiscal de Pemex es muy cercana al 70 por ciento como proporción de sus ingresos totales. Es decir, 70 centavos de cada peso que entran a Pemex se van a la SHCP por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos, dejando discapacitada a nuestra paraestatal”, sostiene el análisis legislativo.
Con las modificaciones a la Constitución política previstas, los diputados del sol azteca plantean darle mayor autonomía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a fin de gestionar mayor inversión privada en otros sectores en donde ya existe esta apertura.
“La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá instruir la observancia de estándares y normas internacionales (…) así como la contratación de previsiones y coberturas financieras para hacer frente a los riesgos económicos y ambientales.
“A solicitud de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos prepara las bases de licitación de los acuerdos contractuales y llevará a cabo las rondas de licitación correspondientes”, advierten los legisladores perredistas de San Lázaro.
La misma instancia “otorgará permiso a Petróleos Mexicanos, a las empresas de servicios, o aquellas que tengan algún acuerdo contractual para la perforación de pozos o en su caso de estudios superficiales de subsuelo”, explican los diputados federales.
El antecedente
Esta controversia de permitir el ingreso de capital privado a Pemex se generó por las declaraciones emitidas por el presidente Enrique Peña Nieto en una gira por el Reino Unido.
En aquella ocasión, el presidente sostuvo a dos medios internacionales, The Financial Times y The Wall Street Journal, que modernizaría a Pemex y buscaría atraer la inversión privada a la paraestatal.
La controversia gira en torno a la afirmación de que buscaría “los cambios constitucionales necesarios para dar los inversionistas privados certidumbre”.