BRASILIA.— La presidenta Dilma Rousseff admitió ayer que hay mucho por mejorar en el país antes de reunirse con miembros de su gabinete con quienes diseña la siguiente etapa de la estrategia que atenderá las demandas populares. Entretanto, las voces de los pobres exhiben la polarización social y el olvido gubernamental que se manifiesta en los prohibitivos precios que alcanzan los espectáculos deportivos que se realizan en el célebre estadio Maracaná y las instalaciones que se construyen en aquel país.

 

Hace ya días que la mandataria comenzó a reunirse con movimientos sociales y sindicatos, así como alcaldes y gobernadores estatales, para discutir las demandas de las manifestaciones registradas en más de un centenar de ciudades con una agenda amplia y dispersa.

 

La presidenta recordó su propuesta de un pacto con gobiernos estatales y municipales en torno de cinco temas: equilibrio fiscal, transporte público, educación, salud y reforma política. Dicho pacto contempla también el combate a la corrupción, una de las demandas de los manifestantes.

 

El lunes invitó unirse a los brasileños en estos términos: “vamos a unirnos y buscar soluciones rápidas y concretas ¿Por qué no lo hacemos juntos, sumando esfuerzos sin dispersión?”. El exhorto de Rousseff para hacerle frente a las demandas de mejor educación, salud y transporte público llegó a través de su programa radial semanal Café con la Presidenta.

 

Desde el inicio del movimiento la mandataria expresó su apoyo a las exigencias de las protestas aunque rechazó los brotes de violencia que surgieron en muchas de ellas. “Las personas salieron a las calles para decir ‘estamos juntos queriendo mejorar Brasil y queremos mejorar rápido’. Nuestra obligación como gobernantes es oír ese recado y transformarlo en realidad”, agregó.

 

“El combate a la corrupción es uno de los ejes básicos del pacto y ha sido una prioridad de mi gobierno. Necesitamos profundizar esa lucha de forma más decisiva”, dijo Rousseff, al recordar que el Senado aprobó la semana pasada un proyecto de ley que convierte la corrupción en un delito grave, con lo cual aumenta las penas para quien lo comete.

 

Entretanto, en Sao Paulo, cientos de camioneros bloquearon con sus vehículos dos importantes autovías para exigir una reducción de los precios del combustible y de los peajes, en el inicio de un paro que prometen mantener durante 72 horas. La acción fue convocada por el Movimiento Unión Brasil Camionero (MUBC), uno de los sindicatos del sector, que se sumó así a las protestas que desde hace tres semanas sacuden al país suramericano.

 

En una nota divulgada hoy, el MUBC instó a sus afiliados a “mantener la protesta” hasta el próximo jueves. “Serán 72 horas de movilización”, por lo que “recomendamos a todos a no programar viajes para ese período, de manera de reducir el número de vehículos de carga en las carreteras, pero sin causar trastornos a los ciudadanos”, dice el comunicado.

 

El rostro de la pobreza

 

Muchos brasileños no podrán pagar el boleto para entrar a los estadios que ya se construyen en distintas ciudades que serán la sede de las Olimpiadas y el Mundial de Futbol. Los más pobres –negros en su mayoría- no tuvieron acceso al célebre estadio Maracaná de Río de Janeiro en la pasada Copa Confederaciones de futbol pues hace tiempo que el precio del boleto es inalcanzable para ellos. A pesar de que el Maracaná disponía de graderías cuyo acceso era a bajo costo, era la zona “geral” y desde que pasó a ser gestionado por un consorcio privado hace ya 35 años, esa espacio desapareció tras su remodelación. Y aunque quedó bellísimo, esa obra costó el doble del monto previsto: 300 millones de dólares que se convirtieron en 600 mil.

 

Por esa razón, el domingo había pancartas con el lema: “Que nos devuelvan el Maracaná” durante el partido España-Brasil adonde no entraron los cariocas, recuerda el periodista español Juan Arias de El País. Por eso Ancelmo Goix dice en su columna de O Globo que en Maracaná antier “era raro encontrar negros y, probablemente pobres entre el público”.

 

En respuesta a esa inquietud, el gobierno de Dilma Roussef estudia la forma de vender boletos baratos en los estados que se construyen en Salvador de Bahía y el Maracaná, para la población que no puede pagar a las carísimas tarifas, como las del domingo que costaron hasta 9 mil dólares por internet.