BRUSELAS. La Unión Europea (UE) y la OTAN eludieron hoy calificar de golpe de Estado la destitución del presidente de Egipto, Mohamed Mursi, pero urgieron a la rápida restauración de un gobierno civil en ese país.

 

“No creo que lo más importante ahora mismo sea una discusión teórica sobre lo ocurrido, sobre si es un golpe o no”, dijo el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Anders Fogh Rasmussen, en rueda de prensa.

 

El líder aliado sostuvo que es la hora de mantener la calma y el diálogo para “instaurar un gobierno civil incluyente lo antes posible”.

 

“Lo más importante es que todas las partes en Egipto mantengan la calma, empiecen el diálogo y, sobre todo, retomen el proceso democrático cuanto antes”, coincidió el portavoz europeo de Asuntos Exteriores, Michael Mann, en una rueda de prensa paralela.

 

El vocero aseguró que la UE “por supuesto” no está a favor de una “intervención militar en la política”, aunque considera “interesante” que la acción del Ejército tuviera por objetivo “evitar un derramamiento de sangre” y contara con el respaldo de “una amplia coalición”.

 

Para la mancomunidad, el país árabe atraviesa un “momento difícil en la transición a la democracia”, explicó Mann.

 

Según el portavoz, la UE está tratando de aclarar dónde se encuentra el presidente destituido y qué ha sucedido con él, y ha advertido a los militares en el poder que “todos los principios de derechos humanos deben ser respetados” en su caso.

 

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, pidió por su parte que se establezca un “claro calendario electoral” para restablecer “la democracia, el poder civil y los derechos civiles” en Egipto.

 

La Eurocámara aprobó este jueves una resolución en la que manifesta su “solidaridad con todos aquellos egipcios que quieren volver a la senda democrática en su país”.

 

Los parlamentarios europeos también expresaron su preocupación ante las “numerosas noticias de violaciones de los derechos laborales en Egipto” e instaron a las autoridades locales a permitir las actividades sindicales.