El general Rubén Pérez Ramírez, detenido hace un año en la administración de Felipe Calderón y liberado esta madrugada luego de que la Procuraduría General de la República desistió de las acusaciones por falta de pruebas para ligarlo con el cártel de los Beltrán Leyva, pidió que se castigue a los responsables de su arresto, que significó una “villanía” para él, su familia y el Ejército, dijo apenas salió de la cárcel.
En entrevista para Radio Fórmula, Pérez Ramírez, uno de los tres generales que fueron puestos en libertad –los otros dos son Roberto Dawe y Ricardo Escorcia- agradeció al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, la investigación del caso, pero también le pidió castigo para los responsables de su encarcelamiento por un año en el penal del Altiplano, pue sincluso fue obligado a declarar.
Señaló que al comparecer lo condicionaron a aceptar una de dos opciones. La primera “que había recibido una llamada de Roberto Dawe” o que éste “me pedía que aceptara a una persona del narcotráfico”.
“Pero yo desde el principio dije que no había sido así. Tenía aproximadamente 20 años que no teníamos alguna comunicación”, refirió.
Sin embargo, añade, “tuve que terminar con mi carrera y una serie de amenazas de las que fui objeto y, finalmente, tuve que hacer una declaración en la cual yo no aceptaba lo de la llamada pero sí que el General Dawe me pedía que aceptara a una persona del narcotráfico”.
El jueves Murillo Karam ratificó el pliego definitivo de las conclusiones no acusatorias contra los tres generales Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel en retiro, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al Mayor Iván Reyna Muñoz, que enfrentaron proceso por delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, sin embargo, a un año de proceso la PGR concluyó que no había elementos probatorios para sustentar su acusación, por lo que se desistió.
Sobre el testigo protegido que lo acusó, conocido bajo el nombre de “Jennifer”, el general dijo que nunca tuvo un careo con él porque las autoridades argumentaron que no se podía y posponían el encuentro. . Esa es la forma en que van alargando el proceso”, agregó.
Sobre su situación en el penal dijo que fue “tratado igual que todos sin ninguna consideración, al contrario, creo que había una consigna contra nosotros porque durante un mes no tuvimos ropa interior más que la que ya teníamos puesta, recibíamos nuestra comida en un plato de unicel, era tanta la gente que iba llegando que las áreas destinadas para la gente fue ocupada por todos nosotros, llegaron en ese lapso unas 300 o 400 personas solamente a ese penal”.
En mayo del 2012, a través de la “Operación Limpieza”, la entonces procuradora Marisela Morales inculpó a los seis militares, entre ellos Tomás Ángeles Dauahare, quien fue liberado el 17 de abril, cuando la PGR se desistió de las acusaciones, ahora a casi tres meses de la salida del general brigadier, otros cinco militares serán liberados bajo el mismo criterio jurídico.
Los testigos
Como parte de la causa penal 44/2012 radicada en el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, los inculpados fueron notificados sobre su libertad, luego que la PGR no logró sustentar legalmente las acusaciones en su contra fincadas por dos testigos protegidos.
Los testigos protegidos Roberto López Nájera, identificado como Jennifer; así como Sergio Villarreal Barragán “Mateo”, señalaron a los generales y sus subalternos de haber brindado protección al crimen organizado desde finales de la década de los 90.
La averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, fue iniciada 17 de marzo de 2010, con base a una denuncia anónima en la que señalaba a los seis militares de recibir pagos del cartel de los Beltrán.
Jennifer y Mateo manifestaron que los uniformados facilitaban las operaciones criminales del referido grupo delictivo, y brindaban las condiciones de logística ideales para descargar las aeronaves que trasladaban cargamentos de cocaína, procedente de Colombia, en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca.
Mateo, detenido por la Marina-Armada en Puebla, fue extraditado en mayo de 2012 a Estados Unidos, unas horas después haber rendido su declaración ministerial contra los militares, quienes fueron arraigados por 80 días y consignados ante un Juez el 31 de julio de 2012 por su presunta responsabilidad en diversos delitos.
Todos quedaron encarcelados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, posteriormente el seis de agosto les dictaron el auto de formal prisión.
Al general de brigada Rubén Pérez Ramírez se le acusó de delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, por ello, se prevé que no alcance su libertad.
Durante el proceso penal, los Generales Ángeles Dauahare, Escorcia Vargas y Roberto Dawe, así como el Teniente Coronel Silvio Hernández Soto, rechazaron ser parte del crimen organizado.