Familiares de desaparecidos de Michoacán acusaron que el gobierno estatal ha creado grupos paramilitares disfrazados de crimen organizado, con los que efectúa desapariciones forzadas y detenciones extrajudiciales, por tanto se han incrementado las violaciones a los derechos humanos.
Así lo dijo la representante del Comité Estatal de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Laura Orozco Medina, quien exigió al gobernador interino, Jesús Reyna García, una audiencia para exponer sus demandas respecto a los familiares detenidos y desaparecidos.
Aseguró que busca el encuentro ante la desatención e ineficacia del gobierno michoacano, al no actuar ante las denuncias penales interpuestas en el Ministerio Público que además criminalizan e intimidan a los familiares para guardar silencio, informó el diario La opinión de Michoacán.
Orozco Medina recibió, a nombre del comité, la condecoración al Mérito Ciudadano, y durante su discurso advirtió que la autoridad insiste en llamar “levantones” a las desapariciones forzadas con el objetivo de quitar la legalidad al concepto por que no está tipificado como delito en Michoacán y con ello evadir la responsabilidad del Estado en ese crimen.
Señaló a que el Grupo de Operaciones Especiales, la Policía Federal y Estatal, el Ejército Mexicano y Marina, también son autores de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, por lo que reiteró la preocupación de falta de mecanismos para garantizar la protección de las personas ante estos delitos, cuyas denuncias se encuentran “congeladas” en el área de extravíos o secuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
También acusó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de romper toda secrecía al permitir que sean los mismos agresores quienes revisen los expedientes de las víctimas y de conciliar esos crímenes de lesa humanidad que, de acuerdo con la ley, no tienen ese carácter por ser delito grave.
Este comité se inició, desde hace más de 4 años por familiares de las víctimas que se han visto obligados a organizarse, ya que las instancias de derechos humanos y la Procuraduría de Justicia los hostigan para desistir de la lucha, dijo Laura Orozco.