Firmas probablemente falsificadas de testigos y declaraciones clave, una denuncia anónima que nadie encontró y descripciones incoherentes sobre la supuesta vinculación de los militares con el narcotráfico, son algunas de las irregularidades e inconsistencias del expediente contra los militares que supuestamente protegían al cártel de los Beltrán Leyva.
En total sumaron 28 tomos del juicio contra los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Isidro Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna Muñoz, quienes el jueves pasado salieron libres al reconocer la Procuraduría General de la República (PGR) que no podía solicitar una sentencia en su contra.
En una revisión parcial del expediente 44/2012-III, por parte de 24 HORAS, se pudo verificar, por ejemplo, cómo las firmas de los testigos estrella contra los militares, “Jennifer” y “Mateo”, no coinciden, como tampoco la de varios testigos de asistencia, como lo establece un dictamen pericial, que incluso sugiere que fueron personas distintas las que signaron. La PGR no presentó pruebas en contrario.
Esta inconsistencia, que podría convertirse en delito en caso de que la PGR lo investigue, golpeaba la médula de la acusación contra los oficiales del Ejército, porque la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió ya jurisprudencia sobre el tema, y señala que cuando hay dudas respecto al origen gráfico de las firmas, se debe enviar a un reconocimiento, de lo contrario, esos testimonios podrían perder validez.
¿Y la denuncia?
Una delación telefónica anónima originó, oficialmente, las investigaciones contra los militares. Así el 17 de marzo de 2010 la entonces Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició una averiguación previa.
La Procuraduría, en su pliego de consignación al juez, transcribió lo que supuestamente dijo la voz anónima al llamar, la cual menciona erróneamente el apellido del general Tomás Ángeles y no incluye señalamientos al general Escorcia Vargas:
“… si quieren trabajar hagan caso a esta denuncia, tengo conocimiento de que hay militares con grados Generales y Mayores que colaboran con la organización de los Beltrán Leyva apoyándolos a bajar aviones y cargamentos de droga en los aeropuertos de la ciudad de México y Cancún”.
“Esto es una actividad común para los militares de nombre Tomás Álvarez Dauahare (sic), Rubén Pérez Martínez, Roberto Dawe González, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y (sic) Iván Reyna Muñoz, ustedes deben saber que tanto las Policías Municipales, estatales, federales y Militares apoyan a la delincuencia organizada en la Ciudad de México como en el Estado de Quintana Roo. Lo pueden checar en su base de datos ya que hay muchos antecedentes de lo que les digo…”.
Para darle validez a este denuncia anónima, los abogados defensores de los militares solicitaron que se exhibiera la grabación de la denuncia y su registro original, había que detallar en qué número telefónico se recibió, hora, qué tipo de voz era y qué funcionario tomó nota. La SEIDO nunca presentó esa información.
¿Quiénes firmaron?
La PGR basó la acusación contra los militares en las declaraciones de los ex narcotraficantes, convertidos a testigos protegidos “Jennifer” y “Mateo”, las cuales hace unas semanas fueron denunciadas por un juez, tras liberar al ex titular de SIEDO, Noé Ramírez Mandujano.
Pero nada se había dicho de las firmas irregulares de esos mismos testigos, que sugieren que no en todos los casos signaron sus declaraciones. Incluso las personas que certificaron esas diligencias en las que supuestamente comparecieron los testigos.
Por ejemplo, las firmas del agente del Ministerio Público responsable, Jorge Rubio Salgado, presentan diferencias y anomalías morfológicas que de haber continuado el caso, podrían haber evidenciado la falsificación de las mismas y por ende la fabricación de evidencia.
Un estudio técnico criminalístico, que presentó la defensa en mayo pasado, advirtió las inconsistencias en las firmas que obran en la consignación de la Procuraduría. Concluyeron los especialistas que las rúbricas de “Jennifer” y “Mateo”, que por primea vez se conocen públicamente, presentan “una discordancia morfológica y del cual se considera la probabilidad de corresponder a un origen grafico diverso”.
En el caso de “Mateo”, por ejemplo, el estudio evidencia que en sus declaraciones del 22 de mayo y del 17 de junio, ambas firmas fueron realizadas sin espontaneidad, a una velocidad lenta y con mala calidad de escritura. Se advierte un “esfuerzo” estructural por mantener el diseño gráfico de ambas, situación que abre más dudas de su autenticidad.
Para aclarar la diferencia de firmas, se solicitó a la PGR que presentara a los testigos protegidos ante el juez, para que ratificaran las acusaciones, pero no lo hizo, ni siquiera por videoconferencia.
Las irregularidades de las rubricas no terminan ahí, también se presentaron inconsistencias en las firmas de los “testigos de asistencia” Noemí Sánchez Beltrán, Silvia Nayeli Ortega y Claudia Hernández, los cuales fueron utilizados por la PGR para dar fe de las declaraciones de los testigos protegidos y de otras diligencias practicadas.
La diferencia es mayúscula en el caso de Noemí Sánchez, quien en diversos documentos escribió con una caligrafía totalmente distinta su nombre de pila y abajo su nombre completo.
También hay diferencias morfológicas en las firmas del mayor Iván Reyna Muñoz, uno de los acusados y quien denunció que fue torturado para inculpar a los generales Tomás Ángeles y Ricardo Escorcia.
Diligencia incoherente
Otra de las pruebas relevante que ofreció la PGR fue la declaración del mayor Iván Reyna, quien dibujó un croquis del sitio donde supuestamente el general Escorcia se reunía con los narcotraficantes para recibir dinero. Se trata de un restaurante “California” sobre la carretera México-Acapulco, a la altura de Cuernavaca.
En el expediente la PGR incluyó fotos y señalamientos de una visita ministerial hecha en el sitio, con la cual supuestamente se comprobó la coherencia del dibujo hecho por Reyna.
Pero un análisis exhibido por la defensa, también con fotografías y con comparativas directas al croquis incluido en el expediente, evidenció la “discordancia genérica” entre lo señalado en el dibujo y en la visita ministerial con la realidad. Accesos inexistentes, sentidos opuestos de las calles y nula visión en la posición señalada, son algunas de las observaciones, lo que sugiere que el dibujo es irreal y que los agentes de la PGR ni siquiera estuvieron en el lugar.
Cabe recordar que en su declaración preparatoria ante el Juzgado tercero de Distrito del estado de México, donde se llevó el proceso, Reyna sostuvo que todas las declaraciones que hizo ante la SIEDO y sus acusaciones, fueron rendidas bajo presiones y tortura.
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