La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció, formalmente, que violó los derechos humanos de los cinco militares a los que acusó de tener vínculos con los hermanos Beltrán Leyva, por eso no pidió una sentencia en su contra.
En las conclusiones que la PGR entregó dentro del juicio contra los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez; el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, reconoce que comparecieron sin sus abogados, no se valoraron todas las pruebas que desde un inicio desvirtuaban a los testigos protegidos que los acusaban.
En ese mismo documento, del que 24 HORAS tiene una copia, por primera vez, la Procuraduría desacreditó a sus testigos estelares y quienes gozan de la protección de la agencia estadounidense DEA: “Jennifer” y “Mateo”, a quienes menciona por sus nombres verdaderos, algo que se había negado hacer en los últimos cinco años.
Sobre esos testigos la dependencia reconoce que sus afirmaciones son producto de situaciones que no les constan, de deducciones y especulaciones aisladas y viciadas, y que carecen de cualquier valor probatorio.
En los documentos la PGR admite que la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que dirigieron, primero Marisela Morales, y después Cuitláhuac Salinas, no tenía pruebas suficientes ni durante las indagatorias ni en el proceso judicial, para sostener la imputaciones de delincuencia organizada y delitos contra la salud en contra de los militares, quienes debieron permanecer tres meses arraigados y 11 más en prisión.
Los abusos
En la valoración del caso que hizo la PGR, advirtió que las declaraciones que le fueron recabadas al mayor Iván Reyna Muñoz y al general Rubén Pérez en las instalaciones de la SIEDO fueron ilegales, porque no tuvieron acceso a abogados ni se les dieron a conocer sus derechos. En ambos casos, describe la PGR, los militares fueron presentados como testigos, pero el mismo día se convirtieron en acusados.
“No obran constancias en las que se le hayan hecho de su conocimiento (a Reyna) los derechos que le otorga la Constitución, por lo que se puede deducir el carácter ilícito en la forma de recabar su testimonio, así como la violación constitucional respecto al derecho de Iván Reyna Muñoz a contar con un abogado o perdona de su confianza”, acepta la PGR.
Para recabar la declaración del general Rubén Pérez Ramírez, los días 3 y 17 de mayo del 2012, la SIEDO incurrió en lo mismo, obtuvo ambos testimonios en calidad de testigos y luego cambió su situación jurídica, evitando de “forma ilegal” que tuviera acceso a abogados y a sus otros derechos.
Testigos de chismes
A lo largo de sus conclusiones la PGR evidencia que las declaraciones de los testigos colaboradores “Jennifer” y “Mateo”, presentan irregularidades y no contienen ningún elemento cercano a la realidad que pudiera ser comprobado en diligencias posteriores.
“Las declaraciones de los testigos colaboradores con clave Jennifer y el diverso Mateo resultan ser testimonios aislados ya que refieren hechos que no les constan y de los que no fueron testigos presenciales algunas veces son solo testigos de oídas. Esto por tanto no tiene validez probatoria, porque no reúne los requisitos de conocimiento directo de lo hechos”, se acepta en el documento.
En el caso de “Mateo”, se establece que la declaración que rindió el 19 de noviembre del 2010, en la que reconoció al mayor Iván Reyna en una fotografía, se violó el Código Federal de Procedimientos Penales, porque sólo se le mostró una foto y no varias, por lo que la identificación es dudosa.
En la declaración que rindió el 22 de mayo el 2012, “Mateo” declaró que “posiblemente las fechas (que dio en la primera declaración) están equivocadas así como las cantidades debido a que tenía contacto con muchas personas”. La PGR apunta que esto es claramente violatorio a la ley, porque su señalamiento se vuelve “dudoso” y no es útil para acreditar algún hecho.
Las conclusiones también insisten que tanto en el caso de “Jennifer”, como en el de “Mateo”, a los que por primera vez identifica oficialmente como Ricardo Lopez Nájera y Sergio Villarreal Barragán respectivamente, hay aseveraciones que no pudieron comprobarse de forma alguna, o que fueron desmentidas con otras pruebas.
Más irregularidades
Al hacer la valoración del caso, la PGR menciona pruebas que tuvo a su disposición el entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas antes de acusar penalmente a los militares y las cuales desvirtuaban las afirmaciones de los testigos colaboradores, pero no fueron tomadas en cuenta.
Por ejemplo, en el caso de la acusación de delitos contra la salud en contra del general Rubén Pérez, se menciona que desde el 22 de mayo del 2012 existía el oficio 4414 del 22 de mayo del 2012 del Campo Militar 34 B , en la que se indicaba que no había algún registro de visitantes que corroborara que ahí se reunió el militar con narcotraficantes, como señaló “Jennifer”.
Otro ejemplo. El general Escorcia demostró desde el primer momento que cuando se le acusaba en hechos delictivos en Morelos en el 2008, el ya no estaba adscrito a esta zona pues sólo se desempeñó ahí hasta el 2007.
Se trata de elementos, reconoce PGR hasta ahora, que volvían a las declaraciones de los testigos protegidos en “testimonios singulares”, es decir, dichos de una sola persona que son insuficientes para formular una acusación.
También resulta inexplicable que si desde el 2010 se vinculó a gente como Edgar Valdez Villarreal alias “La Barbie” con los generales, la PGR no le recabara declaraciones en torno al caso tras ser detenido. Ya durante el juicio, el capo siempre negó que conociera a los militares lo que término por tirar el proceso.