En junio de 2012 la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia contra el equipo que investigaba a los militares presuntamente vinculados al crimen organizado, se enumeraban en ella todas las irregularidades que se estaban cometiendo. Esa oficina que, en ese momento dependía de Marisela Morales, nunca inició una indagatoria.
La denuncia se refería a la actuación irregular de los funcionarios de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), especialmente de la Unidad de Lavado de Dinero. Un año después, la resolución judicial que exoneró a los militares confirma esa denuncia: funcionarios de la PGR violaron sus derechos humanos.
Tras la liberación de los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez; el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, la PGR no ha reconocido oficialmente que haya iniciado una investigación interna para deslindar responsabilidades. Incluso el agente del Ministerio Público Jorge Francisco Rubio Salgado, fue el responsable directo de la averiguación previa contra los militares continúa laborando en su puesto.
De acuerdo con los documentos a los que 24 HORAS tuvo acceso, el 12 de junio del 2012 se abrieron los expedientes de investigación 512/2012 en el Órgano de Control Interno de PGR, y DGII/290/SIEDO/2012 en la Visitaduría General, a partir de la denuncia presentada por los abogados general Escorcia Vargas, quienes alertaron que los servidores públicos de la SIEDO, se negaron a desahogar las pruebas que presentó la defensa para refutar las acusaciones, violentando así un derecho constitucional.
“Es una clara contravención a las obligaciones que como servidos público tiene el agente del MP adscrito a la SIEDO Jorge Francisco Rubio Salgado, alguna otra persona que actúe de manera conjunta o separada (…) así como otros que resulten responsables, ya sea en superior o inferior jerarquía, así como los agentes del MP que actualmente conocen el caso”, indica la denuncia.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la PGR, la responsabilidad podría alcanzar no sólo al agente ministerial y policías, podría incluir a propio titular de la SIEDO, en ese entonces Cuitláhuac Salinas, por omisiones y falta de supervisión.
Sin embargo, Salinas adelantándose a cualquier acusación, declaró públicamente hace unos meses que nunca tuvo conocimiento de las investigaciones hasta que fueron detenidos los generales, a pesar de que él era el responsable, porque sostuvo que detrás de las investigaciones estaba personal militar que llegó a realizar funciones a la PGR.
Se hizo justicia
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda, sostuvo que la liberación de los militares fue un acto de “justicia”, y adelantó que los que no estén en retiro podrán reincorporarse a sus actividades en las filas castrenses.
“Es una cuestión de justicia, a nosotros nos parece que se hizo justicia y que estos generales serán reivindicados y entrarán a trabajar nuevamente con nosotros”, apuntó Cienfuegos.
Los señalados
Francisco Rubio Salgado era el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Contra la Salud (UEIDCS) que, al menos en el papel, fue el responsable de la averiguación previa. Este funcionario continúa laborando como agente ministerial en la misma unidad.
Cuando se abrió la averiguación previa en contra de los generales, la titular de la SIEDO era Marisela Morales y cuando se efectuaron las detenciones el responsable era Cuitláhuac Salinas.
Otro de los señalados fue el mayor Gerardo Salazar Bolaños, responsable de la UEIDCS, y quien según la información oficial dejó de laborar en la SIEDO apenas en enero de este año. Y el tercero que ha sido vinculado es el coronel de infantería Avigaí Vargas Tirado, que dejó una dirección en la SIEDO el 30 de noviembre del 2012 y antes, cuando se integró el expediente contra los militares, estaba en la coordinación de asesores de la procuradora.
Investigación congelada
José López Olguín, abogado de Escorcia, afirmó que es responsabilidad de la Visitaduría General de la PGR investigar las irregularidades que se denunciaron hace un año.
“Se trata de una denuncia que no solo es contra Rubio Salgado sino contra todos los funcionarios que estuvieron involucrados. La Visitaduría es la que debería de haber definido ya que irregularidades se cometieron y las sanciones administrativas o penales que correspondan”, sentenció.
Este diario solicitó a la PGR información sobre el avance de las investigaciones, o apertura de nuevos expedientes, en contra de servidores públicos por los irregularidades en el caso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial.
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