Este miércoles tuvo lugar en el juzgado civil 17 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) la primera diligencia de desahogo de pruebas por el proceso que enfrentan Roberto Hernández y Layda Negrete, productores del documental “Presunto culpable”, quienes exhibieron las irregularidades en el sistema de procuración de justicia en la capital a través del caso de Antonio Zúñiga.

 

Entre los demandantes se encuentra Víctor Daniel Reyes Bravo, quien en su momento señaló a Antonio Zúñiga, protagonista del documental, ante el juez de la causa penal como el autor material del homicidio que se cuenta en “Presunto culpable”. Este fue el primer caso abordado.

 

En este caso el entonces menor de edad no autorizó la exhibición de su imagen. Por ello procedió a demandar por daño moral a los creadores de “Presunto culpable”, quienes no descartan volver con un nuevo proyecto inspirado en el mal funcionamiento del sistema policiaco.

 

En la diligencia, donde reinó una tensa calma, el testigo del documental admitió no haber visto la cinta pero insistió en que en ésta se tergiversan los hechos.

 

 

 

La diligencia fue a puerta cerrada, pero antes la también abogada Layda Negrete invitó a los medios de comunicación con el fin de contar con pruebas en video de la audiencia, pero la Juez 17 de lo Civil les impidió la entrada a los comunicadores.

 

Tras esto en la cuenta oficial de Presunto Culpable se publicaron los siguientes mensajes:

 

 

 

 

 

“Es decir, usará ese artículo para sancionar con multa o incluso arresto a cualquiera que se atreva a entrar con cámaras o micrófonos a la audiencia”, explicó Layda Negrete en entrevista de televisión respecto a la negativa de una audiencia pública.

 

Incluso la productora del documental, en un momento de la audiencia, salió al baño custodiada por dos agentes, pues no podía hablar con nadie pues esto implicaría desacato.

 

 

 

 

Ante esto el esposo de Layda y también productor de Presunto Culpable, Roberto Hernández, dijo a la Radio Nederland Internacional, en Holanda, que “se está usando la justicia como una revancha”.

 

“La libertad de expresión es un asunto complicado, no es un asunto de sí o no, es un asunto que tienen muchos matices y no necesariamente necesitas el consentimiento de alguien para filmarlo, sobre todo cuando son servidores público”, dijo.

 

 

Además a Layda le negaron el careo durante la diligencia:

 

 

 

 

La productora reveló que la resolución de los procesos judiciales podría tomar años, en los que el documental no podrá distribuirse debido a la existencia de un amparo en contra del permiso otorgado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación que permite la proyección en cines y en DVD.

 

Esta causa civil acumula 19 denuncias de personas e instancias judiciales que se sintieron afectadas en su integridad moral, social, económica por la transmisión de la cinta que pretendía evidenciar los vicios del sistema de justicia capitalino. Este fue el primer caso.

 

Los denunciantes argumentan que no dieron ningún tipo de autorización verbal o escrita para la exhibición comercial en diversas salas de cine del país de la película, ya que hubo una edición previa de las imágenes y diálogos para confirmar la hipótesis de los productores.

 

De acuerdo con lo estimado por concepto de reparación del daño que exigen los demandantes, se han llegado a contabilizar cerca de tres mil millones de pesos, que en caso de fallar la justicia local a favor de los quejosos tendrán que pagar los realizadores.

El documental retrata el caso de Antonio Zúñiga Rodríguez como un ejemplo de los vicios en el sistema penal capitalino, al haber sido detenido y sentenciado a 20 años de prisión por un homicidio, cargo del cual fue exonerado y finalmente liberado.