La Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró su primer periodo de sesiones de 2013, en el cual se aplicó la nueva Ley de Amparo por la cual se aplica un criterio obligado para jueces y magistrados en el respeto a los derechos humanos.

 

Durante el primer semestre de labores, la SCJN también se determinó la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez por violaciones al debido proceso durante su detención por secuestro; la acusada pasó siete años, un mes y 15 días, en el penal de Tepepan.

 

Asimismo, se dio el nombramiento de dos nuevos ministros de la Suprema Corte, y entraron en vigor los nuevos criterios en materia de telecomunicaciones, otros temas de índole económico y reformas a los códigos penales de diversas entidades de la República.

 

En representación del ministro presidente, Juan Silva Meza, la ministra presidenta en funciones, Olga Sánchez Cordero, aseguró durante la sesión solemne de la Clausura del primer periodo de la Corte que a partir del 1 de agosto, cuando regresan a labores, el nuevo reto será la aplicación de los criterios de jueces en materia de derechos humanos para los grupos vulnerables como ordenan reformas constitucionales.

 

“En el semestre siguiente la Judicatura Federal en su conjunto, incluyendo por supuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá frente a sí el reto de ir decantando, en criterios alineados con las nuevas normas e instituciones, el régimen jurisprudencial que exige la Ley de Amparo y que debe articularse en torno al principio de máxima protección de los derechos de las personas. Estamos seguros que la Judicatura Federal estará a la altura de su responsabilidad”, dijo.

 

Por ello, los juzgadores de la Federación tienen el objetivo común de formar un país más justo y democrático, en donde los derechos de todos los individuos sean respetados de la misma manera.

 

Al hacer un balance del primer periodo de sesiones del Poder Judicial de la Federación (PJF), correspondiente al 2013, aseveró que el debido proceso y la protección de los derechos de los grupos vulnerables serán la prioridad del sistema judicial.

 

Subrayó que en el primer semestre se dieron importantes resoluciones en materia de garantías judiciales y protección judicial, concretamente en materia de debido proceso y derechos de grupos vulnerables.