Familiares e integrantes de la organización “Unidad Popular” (UP), de Iguala, Guerrero, hicieron un llamado a la Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso de la desaparición forzada de ocho activistas sociales y la ejecución de tres de ellos.
Los activistas asesinados Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, y Ángel Román Ramírez, hecho que ha sido condenado por las organizaciones internacionales Human Rigts Watch, Amnistía Internacional, así como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos,
Los activistas sociales señalan que si bien la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero indaga el caso piden la atención de autoridades federales ante la sospecha de una posible implicación de autoridades locales.
Recordaron que en una reunión que sostuvieron el pasado 20 de junio con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes y su asesora Eliana García, pidieron sea garantizada la seguridad de las familias de los activistas sociales ejecutados,y aún siguen en espera de su respuesta.
Por ello, agregaron que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para las familias de Hernández Cardona y Bandera Román, y desde el pasado día 9 sumaron a su solicitud con número MC 185-13, al Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).