Las reformas que están por discutirse sobre el endeudamiento de estados y municipios en la Cámara de Diputados son para establecer candados en la adquisición de deudas, sostuvo el titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, en entrevista con 24 Horas.

 

“La intención, según tengo entendido, es la de colocar un mecanismo para controlar la deuda de en los estados y municipios en el país, para garantizar su pago y la forma en cómo se van a distribuir para asegurar su pago” aseguró a este diario tras concluir un evento en el Palacio Nacional.

 

Ayer 24 Horas dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobaría un plan de rescate en el que el gobierno federal absorberá sus deudas –que ascienden a 404 mil millones de pesos— lo que podría representar más de la mitad de los pasivos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y casi la mitad de la deuda externa del gobierno federal, que actualmente es de 825 mil 469 millones de pesos.

 

Sin embargo, el secretario de Estado afirmó que estará atento a la discusión legislativa, ya que las primeras noticias versaban sobre la posibilidad de hacer públicos los empréstitos y buscar un mecanismo para obligar a éstas entidades a realizar su pago mediante un Registro Público Único.

 

“Los estados y municipios tienen que tener capacidad de acceder al financiamiento, pero no en las condiciones y en la dinámica actual que está llevándonos a casos que son francamente insostenibles”, consideró.

 

Recordó que el tema fue propuesto hace algunos meses por el presidente Enrique Peña Nieto a través del Pacto por México, mismo que está interesado en “poner orden” a la forma en cómo garantizar su cobro.

 

“Según las últimas pláticas, el tema prioritario entre los Partidos Políticos integrados en el Pacto Por México (PRI, PAN y PRD) fue la de garantizar los cobros y no la de financiar el rescate de las deudas mediante la federación; pero somos respetuosos de lo que los legisladores discutan y estaremos atentos”, finalizó.

 

Según el dictamen de la Ley -que fue aprobado el 3 de julio en la Comisión de Puntos Constitucionales- establece una serie de modificaciones a la Constitución Política para que la Federación intervenga en entidades en crisis.

 

La iniciativa incluye la creación de un fideicomiso, que podría administrar y vigilar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de absorber sus deudas.