Diputados federales afirmaron que las reformas en materia de deuda de estados y municipios, que se aprobará hoy, garantizará la responsable ejecución en materia de deuda pública y negaron que se trate de una propuesta similar al Fobaproa.

 

Por el contrario, se pronunciaron porque autoridades locales realicen con estricta responsabilidad su contratación y liquidación.

 

La diputada Esther Quintana Salinas (PAN) aseguró que el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales garantiza el uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de funcionarios estatales y municipales.

 

“Se busca poner límites a los estados en la contratación de deuda y se pondrá candados para que el Congreso de la Unión vigile el uso correcto de los recursos (…) a fin de que la población cuente con un orden en las finanzas públicas locales”, dijo la coahuilense.

 

En este sentido, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera (PRD), dijo que las reformas garantizan el uso responsable de la contratación de financiamiento: créditos, empréstitos o préstamos y una administración transparente.

 

“Se propone que los gobiernos estatales y municipales que decidan contraer obligaciones de deuda, deberán enviar a sus respectivos congresos locales la convocatoria y bases de licitación para su análisis y aprobación”, sostuvo.

 

Para Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI, el contenido de las modificaciones disciplinará, de forma financiera, a los estados y municipios para garantizar el adecuado manejo de las finanzas públicas, para generar condiciones que permitan el crecimiento de la economía en beneficio de la población.

 

“Deben supervisarse para evitar excesos como los que se han conocido en diversas entidades, gobernadas por distintos partidos políticos, éste realmente es el espíritu de la propuesta”, sostuvo el legislador sonorense.

 

Ricardo Mejía Berdeja (MC) sostuvo que el problema es que la deuda pública es una herramienta utilizada por los gobiernos estatales para obtener recursos adicionales a los que puede generar la recaudación de contribuciones.

 

“La propuesta es clara: facultar a la Cámara de diputados a aprobar dichos contratos, así como la obligación conforme a las legislaciones, no es recatar sus deudas mediante la federación”, resaltó.

 

El origen

 

La iniciativa nació con el propósito de poner candados al sobreendeudamiento, como el registrado en Coahuila, que pasó de una deuda de 420 millones de pesos en 2006 a más de 36 mil millones de pesos en 2011, durante la administración de Humberto Moreira Valdés.