WASHINGTON. El Comité Judicial del Senado interrogó ayer a funcionarios de las agencias de seguridad estadunidense que defendieron el controvertido programa gubernamental de vigilancia. Al final del encuentro, los legisladores de ambos partidos expresaron su preocupación de que la recolección de la información es demasiado amplia e intrusiva. También ayer, el Comité de Inteligencia y Seguridad del Reino Unido señaló que el uso del programa de vigilancia PRISM, de Estados Unidos, por la agencia de inteligencia británica, “debe revisarse” y cuestionó si es una política adecuada.

 

En Washington, el fiscal general adjunto, James M. Cole, dijo en su testimonio ante el Comité que el gobierno cree que los programas “logran el equilibrio correcto” entre proteger la seguridad de los estadunidenses y su privacidad. El funcionario dijo al Comité que la recolección de registros telefónicos y el llamado PRISM, para monitorear las comunicaciones por internet, “involucran vigilancia significativa para las tres ramas del gobierno.”

 

En respuesta, el representante John Conyers Jr (Demócrata por Michigan), argumentó que la recolección de metadata (la información que se crea al generar o editar un archivo electrónico) telefónica y de internet bajo la Sección 215 de la Ley Patriota podría significar una falta a “la Cuarta Enmienda”.

 

Conyers dijo que temía que se hubiera violado tanto la ley que le preocupaba. Agregó: “me siento incómodo por el uso de metadata de cientos de millones de ciudadanos estadunidenses. Es insostenible, es escandaloso y debe parar inmediatamente”.

 

A su vez, Zoe Lofgren manifestó que el programa PRISM “salió de su cauce legal y necesita reencaminarse”.

 

En tanto en Londres, el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico estimó que el uso del material que obtuvo la Agencia de Seguridad Nacional con el programa PRISM, por el Centro de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), debe “someterse a revisión” bajo una visión legal y cuestionó si es adecuada la política de las capacidades técnicas de las agencias de inteligencia en la era del internet.

 

El Comité, dirigido por el ex secretario de Defensa y ex canciller, Sir Malcolm Rifkind, dijo que había examinado la compleja interacción entre las leyes de los Servicios de Inteligencia, la de Derechos Humanos, la que regula los Poderes de Investigación (Ripa) y las políticas y procedimientos”, con lo que concluía que no había existido falta a la normativa británica.

 

En tanto, también en Washington activistas por los derechos humanos, líderes religiosos y partidarios de la legalización de las drogas y la tenencia de armas hicieron causa común e interpusieron una demanda el martes contra el gobierno federal de Estados Unidos para que ponga fin a un vasto programa de vigilancia electrónica de la Agencia de Seguridad Nacional. La demanda fue presentada por la Electronic Frontier Foundation, que representa a una coalición inusualmente amplia de demandantes y busca un interdicto contra la Agencia, el Departamento de Justicia, el FBI y los directores de las agencias.

 

Bolivia resta importancia a denuncia de Brasil

 

LA PAZ, Bolivia. El canciller de Bolivia restó importancia a la denuncia del Ministerio de Defensa de Brasil de que en 2011 autoridades bolivianas requisaron el avión del ministro brasileño Celso Amorim.

 

“Tenemos que ser más serios, no podemos ocuparnos de cosas que no son ciertas”, dijo el ministro David Choquehuanca cuando se le preguntó por la denuncia. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dijo desconocer el episodio.

 

El capítulo es similar al ocurrido al presidente boliviano Evo Morales a principios de mes en Europa, cuando Austria pidió revisar su avión, procedente de Rusia, y varios países le prohibieron cruzar su espacio aéreo bajo sospecha de transportar a Edward Snowden que filtró información confidencial.

 

Un diario brasileño publicó que el avión de Amorim fue revisado en sospecha de que sacara al senador opositor boliviano Roger Pinto, refugiado en la embajada brasileña en Bolivia. AP