Senadores de Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa de reforma política electoral –alterna a la que se genera mediante el Pacto por México–, que busca establecer certeza durante los procesos electorales.
Los legisladores dijeron que no se conformarán con “reformas chiquitas” emitidas en otras mesas, por lo que el proyecto será cabildeado con los actores políticos más importantes del país, entre ellos, el presidente Enrique Peña Nieto, diputados federales y los líderes del resto de los partidos políticos.
A nombre de los grupos parlamentarios del PRD y del PAN en la Cámara alta, Miguel Barbosa y Ernesto Cordero presentaron ayer el proyecto, el cual – sostuvieron- agotó siete meses en aglutinar propuestas de expertos en la materia, a través de diversos foros de discusión.
Los legisladores explicaron que será en el transcurso de esta misma semana que obtengan las observaciones correspondientes, a fin de sean discutidas y, en su caso, incluidas en el documento el próximo miércoles, fecha que será presentada durante la Sesión Plenaria del Congreso de la Unión.
Los senadores fueron acompañados por sus pares Roberto Gil (PAN) y Manuel Camacho Solis (PRD), quienes sostuvieron que México está preparado para dejar el régimen presidencial absoluto y pasar a uno semi presidencial.
El contenido
La iniciativa incluye reformas a la Constitución, al Código electoral y modificaciones a otras leyes. Crea una Ley de Participación Ciudadana y una Ley de Réplica que daría a los partidos, candidatos y precandidatos la garantía de este derecho ante los medios de comunicación.
Contempla cambios para impulsar la segunda vuelta durante una elección presidencial; la figura de Jefe de gabinete con obligación de rendir cuentas al Congreso cada 30 días y un cuarto nivel de gobierno, mediante Juntas Comunitarias que gozarán de presupuestos.
El documento permitiría dotar de autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), así como eliminar el fuero en todos los funcionarios públicos (Presidente de la República, legisladores, ministros, procurador general y gobernadores).
En materia electoral, contempla la obligatoriedad de debates entre los candidatos a puestos de elección popular, con severas sanciones para quienes se nieguen a participar; regula el procedimiento de las encuestas y se incorpora a la ley electoral la figura de candidaturas independientes.
Asimismo, se impulsa el uso de urnas electrónicas para hacer más ágil y rápido el proceso de conteo de votos y beneficios para candidatos y partidos con la Ley de Réplica.
En materia fiscal, se permitirá la revisión de cuentas en los partidos políticos durante las campañas, con la opción de perder, incluso, su registro para aquellos que rebasen los topes de campaña.
Respecto a medios de comunicación, la iniciativa de reforma prevé una Ley de Propaganda Gubernamental, con el fin de transparentar el acceso a los medios de comunicación, particularmente a las televisoras, con la creación de un Consejo Ciudadano.
Y obligaría a que cualquier gasto público sea materia de información pública. Los topes presupuestales al gasto de comunicación social de los entes públicos para que no puedan exceder el 0.5% del presupuesto de egresos.
Las reformas constitucionales contemplan una segunda vuelta en elecciones presidenciales entre los dos punteros, para que se garantice que el cargo quede en poder de quién obtenga una mayoría absoluta.
Con esta iniciativa, la Federación podría asumir funciones de los órdenes locales o declarar la desaparición de poderes, en casos donde haya grave alteración social, debilidad institucional, amenazas e incapacidad de órdenes de gobierno locales para mantener estabilidad política o social.