WASHINGTON. Una jueza de Michigan ordenó hoy a la ciudad estadounidense de Detroit, que suma más de 15 mil millones de dólares en deudas, que retire su solicitud de bancarrota al considerar que la medida reduciría pensiones que están protegidas por ley y viola la constitución del estado.
La jueza Rosemarie Aquilina, del Tribunal del 30 Circuito, también recomendó al gobernador de Michigan, Rick Snyder, que lea la Constitución estatal y “reconsidere sus acciones”.
Snyder autorizó el jueves la solicitud de declaración de bancarrota de Detroit que había recomendado el administrador de emergencia de la ciudad, Kevyn Orr.
La bancarrota o quiebra tiene que ser autorizada por un juez federal, que determinará en un periodo de entre 30 y 90 días, si la ciudad estadounidense es elegible para el proceso.
Esta disposición legal se aplica exclusivamente a los municipios, y su propósito es permitirle que reestructuren sus deudas, esto es, que pongan en orden de prioridad a sus acreedores, algunos de los cuales recuperarán parte de sus dineros y otros nada.
Poco antes de la solicitud de declaración de bancarrota, los representantes de fondos de pensiones habían solicitado a la jueza Aquilina que bloqueara el proceso para evitar verse afectados por la suspensión de pagos.
Tras la decisión de Aquilina, el fiscal General de Michigan, Bill Schuette, presentó una apelación y solicitó que el proceso se acelere para conseguir lo antes posible la autorización de declaración de bancarrota.